De los hechos acreditados en el proceso, se concluye que el accionar del acusado ha sido doloso, toda vez, que los golpes desplegados a la víctima y en especial los dados con la herramienta agrícola (azadón) dirigidos a la zona craneal no podían buscar menos que la muerte de éste.

Aun cuando se aceptará como concurrente la atenuante, al concurrir dos minorantes, la pena impuesta pudo ser la misma ya que la rebaja establecida en el artículo 68 es facultativa para los sentenciadores.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso, desde que limita la posibilidad de recurrir respecto de una nueva sentencia definitiva dictada en la causa, en circunstancias que la primera sentencia no se pronunció́ sobre el fondo, sino que acogió́ una excepción de incompetencia.

Los dichos de quien disparó son desacreditados en la sentencia, en cuanto refiere que entregó al tribunal una versión exculpatoria, que en definitiva no fue aceptada por los jueces.

Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, lo que infringe el artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuanto el tribunal no puede contradecir los principios de la lógica para alcanzar las conclusiones fácticas de la sentencia.

El Tribunal tuvo en consideración una condena previa del encartado que no fue mencionada por la fiscalía ni la defensa, luego de escuchar la propia declaración que el acusado dio en estrados, donde reconoció que huyó de la policía al estar “quebrantando” una condena vigente, lo que devino en la comprobación de dicho dato por parte de los sentenciadores, hecho que no puede ser considerado como una infracción a la garantía de la imparcialidad del juzgador.

En ausencia de prueba directa, es posible recurrir a la prueba circunstancial, indirecta o indiciaria, de modo que a través de esta clase de prueba es posible declarar probado un hecho principal mediante un razonamiento construido sobre la base de otros hechos, los indicios, que deben reunir una serie de condiciones o requisitos.

El acusado intentó anular la condena argumentando que los agentes policiales no actuaron frente a un delito flagrante, pues la detención del encartado se produjo por investigaciones autónomas no autorizadas por la justicia durante la etapa de “agotamiento” del delito de robo; idea que fue desechada por el máximo Tribunal, al observar que el acusado no controvirtió el hecho de poseer un bien encargado por robo días atrás.

Los agentes registraron un cubículo cerrado contiguo a la palanca de cambios, encontrando una pistola de fogueo adaptada para el disparo, sin embargo, tal diligencia no fue respaldada por ningún indicio, por lo tanto, la prueba incriminatoria fue obtenida de forma ilegal y el juicio es nulo.

El delito de robo con homicidio requiere para su configuración la concurrencia de dos injustos distintos, a saber, uno contra la propiedad (robo) y otro contra la vida (homicidio), los que al concurrir en un caso específico forman un todo indivisible que origina un nuevo ilícito, cuyas características propias dan cuenta de una sustracción agravada por el hecho de dar muerte a la víctima, ya sea para facilitar la primera o para lograr su impunidad.