El imputado quiso revertir el castigo acusando que el tribunal consideró el testimonio de la víctima sin que ella compareciera en juicio, idea que fue desechada por la magistratura al observar que la convicción condenatoria se formó con otros medios de prueba incorporados en audiencia, como la declaración de los funcionarios aprehensores.

El acusado fue observado por Carabineros en el momento en que vendía papelillos con droga a un tercero, desde el interior de un inmueble en la comuna de Peñaflor, situación de flagrancia que habilitó a los funcionarios para entrar al sitio y levantar las evidencias encontradas, dando cuenta que el lugar era empleado como centro de acopio y comercio de sustancias ilegales.

El tiempo transcurrido entre ellas impide vincularlas entre sí al punto de considerarlas una unidad jurídica que diera lugar al delito continuado. La figura del delito continuado no tiene reconocimiento legal, se acepta su aplicación, como política morigeradora de penas, para casos como los delitos contra la propiedad o en que no existen pruebas para distinguir y separar en el tiempo las diferentes acciones.

En caso contrario, la magistratura infringe los artículos 39 y 396 del Código Procesal Penal, privando al acusado de conocer los fundamentos que el tribunal estimó para imponer la condena e impidiéndole ejercer su derecho a recurso.

El acceso a esta área expuso a los residentes a un riesgo equivalente al que habrían enfrentado si el ingreso hubiera sido a las habitaciones.

La consideración de la pena en concreto es consonante con un criterio de justicia material para efectos de la prescripción.

Agentes policiales controlaron al imputado, luego que un transeúnte anónimo les indicara que un sujeto se encontraba vendiendo “papelillos de pasta base” en una plaza de la comuna de El Quisco. Al dirigirse al lugar, los funcionarios encontraron a una persona que cumplía con la descripción entregada por el particular y controlaron su identidad, encontrando que portaba diversos papelillos para su venta, así como dinero en efectivo fruto del tráfico.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que al negarse el recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada en un segundo juicio oral –con condena más gravosa- no se permite que un superior de mayor jerarquía revise una situación de injusticia, en cuanto al quedar firme una decisión que fue adoptada con vicios, ocasionará un perjuicio indebido al condenado.

Que la víctima admire a su marido profesionalmente en ningún caso permite descartar la versión de la víctima, ya que, por distintas razones, hay víctimas que también tienen nobles emociones a sus agresores.

Un denunciante anónimo describió detalladamente al imputado, indicando que aquel se encontraba en un sector de Valparaíso transportando una escopeta, situación que fue verificada por el personal policial que lo detuvo y encontró entre sus ropas dos cartuchos de dicha arma sin percutir.