A pesar de que la jurisprudencia, de modo general, ha tendido a entender por morada la casa o el lugar de habitación o sus dependencias (idea de recinto en el que una o más personas viven, permanecen y generalmente pernoctan), no parece haber objeción alguna para extender el concepto, también, a otros lugares donde se desarrolla la vida particular.

Del análisis del arbitrio se concluye que en realidad no se comparte la valoración que la sentencia realiza de los medios de prueba producidos, aspecto que no es posible modificar dada la naturaleza del recurso de nulidad.

No existe una errada aplicación del derecho; al contrario, el tribunal, de manera razonada explicó, desarrolló y justificó la forma de aplicar las normas del caso concreto, y el voto de minoría solo acoge una teoría diferente, tal como el mismo indica, de manera tal que como través de la causal de nulidad invocada por la defensa únicamente pueden denunciarse vicios en el juicio jurídico del juzgador en la sentencia la impugnación debe ser rechazada

La obligación del pago de las costas al sentenciado es un imperativo legal, establecido en el artículo 24 del Código de castigos, imposición que se reafirma en el artículo 47 del Código Procesal Penal.

Observaron a la acusada -que se ajustaba a la descripción hecha por un denunciante anónimo-, mientras se aprovechaba de su condición de comerciante ambulante para vender pitos de marihuana en un concurrido sector de la ciudad de Viña del Mar, actuar constitutivo de un indicio suficiente para los agentes realicen un control de identidad y que daba muestras de que se “podría” estar cometiendo el delito de microtráfico.

Tampoco el tribunal a quo podría haberla modificado, ni siquiera en uso del artículo 341, inciso segundo, del Código Procesal Penal, porque en el postulado del Ministerio Público no existía sustrato fáctico que lo sustentara.

La víctima fue asaltada en su domicilio por el acusado y otro coimputado, y dejó testimonio de los hechos en su declaración, la que fue incorporada como prueba en la audiencia preparatoria. Posteriormente -y antes del juicio oral- la víctima falleció debido a un cáncer que le afectada, por lo que su declaración fue incorporada según las reglas del artículo 331 del Código Procesal Penal, por lo que tal prueba no puede ser considerada como atentatoria del principio de inmediación. El máximo Tribunal rechazó el arbitrio de nulidad y confirmó la condena.

Ambas hermanas fueron detenidas mientras dosificaban marihuana y pasta base para su venta, y ambas decidieron declarar en contra de la otra luego de ser advertidas por el tribunal acerca del vínculo que las une como parientes, sin retractarse de los dichos incriminatorios entre ambas y sin alegar de forma oportuna la presunta vulneración al debido proceso.

El tipo penal se configura en la medida que el imputado no cumpla con una cualquiera de las tres conductas que debía cumplir en el momento de protagonizar el accidente.

El fallo sí da cumplimiento al deber que la recurrente arguye insatisfecho, puesto que, a diferencia de lo que se afirma, indudablemente contiene las razones en virtud de las cuales los jueces concluyeron que el acusado tuvo participación como coautor en el delito de cohecho que da por establecido.