Concluye el ente contralor, se requiere que el informe o pronunciamiento se elabore por el Intendente y el respectivo instrumento sea sometido a la aprobación del Consejo Regional.
La CGR concluye sosteniendo que la razón por la que resulta improcedente disponer la comisión de servicio en cuestión, está dada por la naturaleza de la labor que se le pretende encomendar.
La CGR concluye manifestando que la superficie de que se trata no constituye una franja de terreno común de la copropiedad, sino que tiene el carácter de bien nacional de uso público.
La CGR concluye desestimando la solicitud de reconsideración del dictamen y ratificándolo en todas sus partes.
No obsta a lo expresado, insiste la CGR, el hecho de que esa clase de juegos sea de carácter benéfico, toda vez que la normativa que regula la materia no ha establecido una excepción al respecto.
Concluye la CGR resolviendo la improcedencia que la CONADI accediera a la solicitud de que se trata, como asimismo que aplicara los efectos del silencio positivo.
El dictamen concluye manifestando que la modificación de rentas sólo puede operar una vez que el acto administrativo que ordena esa promoción sea totalmente tramitado.
Concluye la CGR aduciendo que en los registros del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado aparece que la afectada realizó labores como dependiente en el sector público.
Aduce la CGR que las convenciones de que se trata no podrían quedar supeditadas al consentimiento de ese cuerpo colegiado.
La CGR recordó que en los dictámenes N°s. 42.601 y 80.868, ambos de 2014, resolvió que quienes laboran para la Administración bajo la mencionada modalidad, no son funcionarios.
