Asimismo, el órgano contralor adujo que la autoridad tiene la facultad de retribuir los trabajos extraordinarios mediante un recargo en las remuneraciones, si no puede otorgar descansos por esas labores.
El ente contralor recordó que, tratándose de los títulos de médico obtenidos en Bolivia, aplica el convenio multilateral de titulación a que se encuentra acogido ese país junto con Chile, esto es, la convención sobre ejercicio de profesiones liberales, adoptada en México el 28 de enero de 1902.
El órgano fiscalizador adujo esto, en atención a que las anotadas pensiones han sido calculadas en base a la totalidad de las remuneraciones de los exfuncionarios de la especie, sin considerar el tope imponible.
Asimismo, el ente contralor agregó que los pagos efectuados con cheques que no son pagados por el banco, por protesto por falta de fondos o por orden de no pago, no producen el cumplimiento de la obligación, la que no se extingue; y, por lo tanto, debe entenderse que el deudor se encuentra moroso.
El órgano fiscalizador adujo esto, sin perjuicio de la facultad de la respectiva autoridad de evaluar la posibilidad de modificar los contratos o de poner término anticipado a los mismos, fundada en el interés público, si las circunstancias de hecho lo hacen necesario.
El órgano contralor adujo esto, dado que tal calidad corresponde a una nueva designación en una función pública directiva y no se desempeña en razón de dicho empleo a contrata.
Esto, se consultó considerando que no existe normativa que regule la jornada de trabajo de ese personal, ya que por la naturaleza de sus tareas tendrían un trabajo continuo y permanente los siete días de la semana.
Asimismo, el ente contralor agregó que los funcionarios de la DGAC que se trasladen en aeronaves de la FACH, en caso de accidentes en actos de servicio, se encuentran cubiertos por las protecciones indicadas en el dictamen.
El órgano fiscalizador manifestó que tampoco corresponde la devolución de las cotizaciones descontadas a aquellos que continuaron ejerciendo funciones después de ese plazo.
El ente contralor adujo que las actividades de entrega de beneficios sociales deben respetar la dignidad e intimidad de los beneficiarios.
