Acuerdos suscritos por el Gobernador de Magallanes y 10 alcaldes con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), no se ajustan al derecho interno dictamina la Contraloría.
Al exceder estas autoridades el campo de sus atribuciones constitucionales y legales, e interferir en competencia otorgada constitucionalmente al Presidente de la República en materia de relaciones internacionales.