Dicha facultad puede ser ejercida respecto de multas e intereses penales generados retroactivamente al quedar ejecutoriadas sentencias que reconocen relación laboral con Administración del Estado y ordenan pago.

La facultad para calificar la calidad de los diplomas corresponde a las instituciones de educación superior.

No se advierte que la contratación a honorarios en el Servicio Electoral hubiera implicado una vulneración a las normas sobre compatibilidad de funciones previstas en el artículo 87 de la ley N° 18.834.

El requerimiento fue remitido a la Contraloría General de la República mediante oficio de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a la cual la empresa INGEIN Ltda. hizo llegar múltiples consultas.

La Contraloría se abstiene de intervenir en la materia, por cuanto la Superintendencia de Educación informó que se encuentra actualmente en trámite un proceso de fiscalización respecto de los hechos denunciados.

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas se ajustó a derecho en su actuar.

La Contraloría General concluyó que en la especie no se advierte que en el proceso en cuestión se produzca una vulneración al principio de igualdad de los oferentes.

El ente contralor resolvió ésta, además de otras solicitudes de los requirentes.

Para la realización de alguna de las tareas que desarrolla la funcionaria -en específico las dos primeras- el uso de un computador constituiría un medio de apoyo para su ejecución.

Se determinó finalmente no otorgar una nueva oportunidad de entrevista al recurrente, en atención a que las razones invocadas por sí para reprogramar su entrevista, no constituían causales de fuerza mayor.