El órgano contralor concluye que la forma en que los funcionarios del SEA efectuaron la consulta indígena, no infringe el Convenio 160 de la OIT, ni vulnera el principio de probidad administrativa.
Indica el Contralor que al momento de ser nombrada en el empleo de profesional funcionaria, la Químico Farmacéutico se encontraba ejerciendo, como titular, un cargo de Jefa de Departamento, grado 4° de la E.U.S., en calidad de exclusiva confianza.
El órgano de control manifiesta que la Cooperativa de Consumos Carabineros de Chile Limitada, constituye una persona jurídica de derecho privado regulada por las normas del Libro Primero, Título XXXIII, del Código Civil.
El ente de control precisó que en lo concerniente al hostigamiento alegado, es necesario tener presente que el artículo 82, letra m), de la anotada ley N° 18.883, prohíbe realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo.
El solicitante arguye que el municipio no habría informado acerca del inicio de las obras, de los montos involucrados, cuáles son las especificaciones técnicas, los plazos, como tampoco de su impacto sociocultural y económico.
Se reclamó ante la Contraloría General de la República –por parte de ex funcionarios de carabineros- los eventuales vicios que afectarían la legalidad del sumario que se instruye en esa entidad.
La CGR concluye expresando que en lo que concierne a situaciones de discriminación en la selección del concurso interno en cuestión, no se determinaron observaciones que formular sobre el mencionado procedimiento.
El ente de control adujo, en esencia, que los concejos municipales pueden convenir la modificación del monto de su dieta, una vez cumplido un año contado desde el anterior acuerdo.
Arguye el Contralor que subsiste para dicho instituto, sus autoridades y funcionarios, el deber de guardar reserva de tales antecedentes en los términos de las disposiciones respectivas.
Expone la CGR que ley 19.300 no prevé lo que se entiende por autopista, entregando su artículo 8° a la potestad reglamentaria la regulación detallada de esa disposición, lo que actualmente se encuentra materializado en el aludido reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental.
