La obligación contenida en el artículo 4°, N° 8, de la aludida ley N° 20.880, resulta exigible a los directores o secretarios ejecutivos de las corporaciones municipales.
Corresponde emitir la resolución de término que lo afine y sea remitida a, junto con su expediente sumarial, a fin de que sea sometida a su control previo de legalidad.
La CGR señala que la autoridad universitaria se vio en la obligación de eliminar a la peticionaria de la carrera en comento.
La autoridad administrativa se encuentra obligada a respetar los lineamientos mínimos que estipule y que haya dado a conocer a los participantes.
En opinión del recurrente esa situación no se ajustaría a las nuevas reglas introducidas al Código Sanitario por la ley N° 20.724.
El órgano contralor concluye sosteniendo que la anotada superioridad dio cumplimiento a los aludidos dictámenes Nºs 22.766 y 85.700, ambos de 2016.
Carabineros informó que el sumario administrativo instruido para determinar la naturaleza de la enfermedad que tendría la interesada se encuentra en trámite.
El órgano contralor advierte que el legislador previó un régimen sancionatorio disciplinario específico para un grupo de infracciones determinadas.
Se solicitó informe sobre el endeudamiento de todos los Consejos Regionales según los proyectos aprobado.
La DGAC informó que el número de vacantes indirectas proyectadas en las bases producto de la multiconcursabilidad, no se cumplió.
