Es de conocimiento público que el programa recae en un territorio afectado por hechos de grave alteración del orden público, por ende, todos los funcionarios del INDH que tomen conocimiento de la identidad de quienes accedieron a ser entrevistados deben guardar reserva de tales identidades.

Esta facultad se mantiene aun cuando los beneficiarios de la Beca la mantengan documentada por medio de un pagaré y no hayan reemplazado dicha obligación por un convenio.

El servicio deberá reincorporarla por al menos el tiempo que resta del beneficio maternal y pagarle los honorarios que dejó de percibir por el tiempo que estuvo indebidamente alejada de su trabajo.

Se debe notificar dicho acto administrativo una vez que ha sido totalmente tramitado e ingresado a la oficina de partes del MOP, de la Dirección General o Dirección respectiva. No obstante, precisa el Contralor que es factible aplicar el Oficio N°202/22 de la Dirección General de Obras Públicas, para informar al adjudicado que la resolución de adjudicación se encuentra en proceso de tramitación.

Respecto a la consulta sobre la interpretación de una cláusula de un contrato colectivo que establece un bono de desempeño, indica que puede ser aplicable la regla de la conducta (asentada en el Ordinario N°2734 del 2014), que permite modificar o complementar estipulaciones expresas del contrato, por la aplicación práctica que las partes hayan dado al mismo.

Se aplicó el criterio asentado en el Dictamen N°22.766/20162016 e Instructivo N°E156769N21 de la Contraloría General de la República, que determinan que la confianza legítima en las contratas se genera a partir de la segunda renovación anual.

Lo anterior, no impide que los Servicios Sanitarios Rurales que carezcan de derechos de aprovechamiento puedan solicitar autorización con cargo al decreto de escasez, por un caudal determinado, para extraer recurso hídrico para fines de consumo humano o saneamiento.

Para los efectos del cálculo de la asignación de experiencia prevista en el instrumento colectivo suscrito con el Sindicato de asistentes de educación.

Al tratarse de una facultad discrecional de la autoridad, se debe ponderar las razones de buena administración procedentes para su ejercicio, a fin de asegurar la continuidad de los servicios.

No obstante, de producirse un conflicto de interés, se deberá dar cumplimiento al deber de abstención que alcanza a todos los servidores públicos y que abarca a quienes laboran en tales entidades y a sus autoridades, incluidos los alcaldes.