La sentencia impugnada sólo dio lugar a la demanda de nulidad del despido impetrada por una profesora.
El Tribunal de alzada rechazó la denuncia de tutela de derechos fundamentales deducida, pero acogió la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, por no dar cuenta la casa de estudios de las causales de la desvinculación del docente.
El Tribunal de alzada estimó que no se cumplió con el principio de inexcusabilidad.
La falta de análisis de la confesional de la demandante fue determinante para el desenlace del conflicto.
Si bien la demandante vendía productos de la contratista, en el contrato de trabajo se fijaron sus funciones como promotora de la tienda Ripley.
Las jefaturas de la sucursal del Banco Estado de Linares coordinaron con Carabineros la simulación de un robo, sin informarle a los trabajadores.
El recurso de nulidad es de impugnación y no de mérito.
El máximo Tribunal descartó que la realización del juicio oral de forma no presencial, haya afectado garantías constitucionales de los acusados.
El máximo Tribunal estableció infracción a las normas del debido proceso al no escriturar la sentencia, por lo que ordenó la realización de un nuevo procedimiento por juez no inhabilitado.
El máximo Tribunal consideró que hubo infracción al no cumplirse con el requisito de escriturar el fallo.
