En ausencia del elemento subjetivo del tipo que, al decir de los profesores Politoff, Matus y Ramírez “tiñe de sentido la conducta en cuanto peligrosa para el bien jurídico”, no se vislumbra infracción alguna de carácter legal en la sentencia impugnada, la cual concluyó en la absolución de la imputada.

El máximo Tribunal estimó que el castigo no puede ser aumentado en base a una agravante fundada en condenas prescritas, porque ello implica infringir los artículos 97 y 98 del Código Penal, por lo que redujo pena del recurrente a 541 días de presidio menor en su grado medio.

El artículo 104 del Código Penal impide el uso de una sentencia previa -cuya pena haya prescrito- para exasperar una pena accesoria; por lo tanto, el máximo Tribunal redujo el plazo de suspensión de la licencia de conducir del condenado a dos años.

A pesar de que la jurisprudencia, de modo general, ha tendido a entender por morada la casa o el lugar de habitación o sus dependencias (idea de recinto en el que una o más personas viven, permanecen y generalmente pernoctan), no parece haber objeción alguna para extender el concepto, también, a otros lugares donde se desarrolla la vida particular.

Del análisis del arbitrio se concluye que en realidad no se comparte la valoración que la sentencia realiza de los medios de prueba producidos, aspecto que no es posible modificar dada la naturaleza del recurso de nulidad.

No existe una errada aplicación del derecho; al contrario, el tribunal, de manera razonada explicó, desarrolló y justificó la forma de aplicar las normas del caso concreto, y el voto de minoría solo acoge una teoría diferente, tal como el mismo indica, de manera tal que como través de la causal de nulidad invocada por la defensa únicamente pueden denunciarse vicios en el juicio jurídico del juzgador en la sentencia la impugnación debe ser rechazada

La obligación del pago de las costas al sentenciado es un imperativo legal, establecido en el artículo 24 del Código de castigos, imposición que se reafirma en el artículo 47 del Código Procesal Penal.

Observaron a la acusada -que se ajustaba a la descripción hecha por un denunciante anónimo-, mientras se aprovechaba de su condición de comerciante ambulante para vender pitos de marihuana en un concurrido sector de la ciudad de Viña del Mar, actuar constitutivo de un indicio suficiente para los agentes realicen un control de identidad y que daba muestras de que se “podría” estar cometiendo el delito de microtráfico.

Tampoco el tribunal a quo podría haberla modificado, ni siquiera en uso del artículo 341, inciso segundo, del Código Procesal Penal, porque en el postulado del Ministerio Público no existía sustrato fáctico que lo sustentara.

La víctima fue asaltada en su domicilio por el acusado y otro coimputado, y dejó testimonio de los hechos en su declaración, la que fue incorporada como prueba en la audiencia preparatoria. Posteriormente -y antes del juicio oral- la víctima falleció debido a un cáncer que le afectada, por lo que su declaración fue incorporada según las reglas del artículo 331 del Código Procesal Penal, por lo que tal prueba no puede ser considerada como atentatoria del principio de inmediación. El máximo Tribunal rechazó el arbitrio de nulidad y confirmó la condena.