La ciudadanía española ha dado su veredicto, por lo que será muy difícil que las alianzas para conformar gobierno, ignoren esta realidad y sus motivaciones más profundas.

Chile actualmente es una república con separación entre la Iglesia y el Estado, pero no es una república laica.

La regulación que actualmente nos ofrece el derecho administrativo en lo relativo a la función pública, adolece de una serie de aspectos críticos que es necesario mejorar,piénsese en los excesivos empleos a contrata con cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”.

Todo indica, en suma, que quienes promueven una nueva Constitución deberían al menos reflexionar sobre su aproximación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Debemos actuar sin dilaciones y contrarrestar eficazmente este triángulo de la discordia de consecuencias impredecibles.

El proyecto es confuso en sus objetivos y en caso de concretarse resultaría extraordinariamente difícil de interpretar sin incurrir en una abierta inconstitucionalidad.

Resulta cuestionable el criterio de endosar al actor de divorcio la obligación de probar una excepción de su contraparte, ya que la ley en caso alguno le impone dicha carga.

Hay problemas que deberían zanjarse en un acuerdo internacional con la Santa Sede, por ejemplo en materia de matrimonio religioso o reforma del servicio religioso de las Fuerzas Armadas.

El año 2015 será recordado no sólo como el año de la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia la clase política chilena, sino también como el año de las grandes catástrofes y desastres naturales a lo largo del territorio nacional.

Deberemos examinar el objeto del juicio y analizar sus implicancias, una a una, en la Contramemoria chilena. Desmentir las afirmaciones históricas bolivianas, que la Corte acogió al no contar con las nuestras.

Resultaría enriquecedor entonces detenerse un momento en los argumentos que se dan en el actual debate del aborto y preguntarse si acaso con algunos de ellos no estaremos dejando en letra muerta algunos compromisos internacionales.

La técnica legislativa usada para resolver el problema es desafortunada y además el diseño mismo de la propuesta genera importantes objeciones en cuanto a su constitucionalidad.

La evidencia parece demostrar que la lucha contra estas conductas criminales puede darse de igual (o mejor) forma sin que exista una declaración constitucional sobre el terrorismo.

Las desventajas del control preventivo obligatorio, a mi juicio, superan sus ventajas porque la sola existencia de la atribución lleva al riesgo de producir un Gobierno de los Jueces.

El fallo de la Corte nos deja una sensación de desconcierto. Asegurábamos que la demanda boliviana no tenía fundamento. Ahora, el principal tribunal mundial, ha decidido que tiene competencia.