Todas las reformas constitucionales votadas sin la participación del pueblo –único depositario auténtico del poder constituyente– adolecen de idéntica ilegitimidad. Somos ciudadanos de un pueblo castrado del primer atributo de la soberanía: el de decidir nosotros mismos lo que queremos ser.
Es cierto que el art. 305 del Código Civil nunca ha mencionado el estado civil de soltero, pero es lógico que así sea porque el precepto se refiere sólo a los estados civiles que pueden probarse y acreditarse ante terceros mediante las partidas del Registro Civil.
Hechos como los ocurridos en París, tienden a exacerbar los ánimos y conducen a estereotipos injustos por definición.
Se ha cumplido una orden mortal contra unos dibujantes satíricos, pero no se han eliminado ni los fundamentos de la libertad de pensar ni el humor, que tanto temen.
Hoy, la mayoría del pueblo cubano no está por defender a ultranza posturas ideológicas anacrónicas al precio de inmolarse en la pobreza ni tampoco por entregarse a esquemas de desarrollo que contradicen convicciones ancestrales y valores culturales arraigados.
A esta nueva conciencia constitucional que hoy se respira, la nueva Constitución debiera incorporar las legítimas aspiraciones que alimentan las esperanzas de los sectores más vulnerables de la comunidad nacional.
Todos los alumnos en caso de conflicto con la decisión de los padres, tienen, a lo menos, el derecho a ser escuchados. En la Educación Media tienen derecho a elegir, junto a sus padres.
No es de extrañar en consecuencia que el debate sobre los derechos fundamentales sea principalmente un debate moral. Encierre así una discusión sobre lo bueno y lo justo, sobre criterios básicos de convivencia.
Si la Corte acoge la excepción de incompetencia preliminar en el juicio previo, luego de los escritos y alegatos orales por hasta dos años, Chile “gana” y Bolivia debería llevarse la Memoria que presentó, para la casa.
No cabe diferenciar cualitativamente el ejercicio del poder constituyente dirigido a cambiar la Constitución de aquél encaminado a reformarla parcialmente. Ambas operaciones sólo presentan una diferencia cuantitativa pero ambas participan de la misma naturaleza.
Se conmemora y debiera derechamente celebrarse una convicción. Y una mundial. En 1948 los estados, la mayoría de ellos reunidos en la Asamblea General del as Naciones Unidas, manifestaron su certeza y convicción sobre la relevancia que para cada uno de ellos tiene la protección de los DDHH.
Estamos convencidos de que el avance ha sido sustancial, especialmente en lo relacionado a la comprensión que la ciudadanía tiene de la oportunidad y relevancia de un organismo jurisdiccional especializado en resolver controversias ambientales
A pesar de los diversos proyectos presentados a lo largo de nuestra historia, y al acuerdo casi unánime en los especialistas acerca de la necesidad de contar con tribunales especializados en el juzgamiento de materias administrativas, nuestro país no los ha contemplado.
Jamás el pueblo chileno ha ejercido el poder constituyente. Y, por lo mismo, hemos sido y seguimos siendo un pueblo castrado del principal atributo de la soberanía.
En el fondo, nos encontramos en presencia de una gravísima infracción a los derechos ciudadanos de la persona que fue condenada, en donde no se respetaron criterios jurídicos ya establecidos en sentencias anteriores.
