Militares rusos, militares al servicio de una corriente política y no del pueblo, guerrillas colombianas, paramilitarismo (Colectivos), G2 cubano y «Pranes», saquean, encarcelan, torturan, desaparecen y someten a los venezolanos que son contrarios al inconstitucional gobierno socialista de Maduro.
Mientras la seguridad de los servidores y las bases de datos del Poder Judicial no sea actualizada a lo que exigen los tiempos modernos, la protección de datos personales se encuentra a la deriva.
Los análisis más recientes suelen señalar que no es posible pedirle a un órgano de la administración estatal que sea imparcial respecto de la misma administración estatal de la que forma parte.
Para la Dirección General de Aguas, los plazos que establece el Código de Aguas no son fatales, por lo que no existe contravención legal alguna en tomarse años en resolver una solicitud pendiente.
La retirada de la que habla Estados Unidos en este momento no son más que pasos tácticos para ganar tiempo y por esta razón es que pretende trasladar sus tropas a Irak. Desde allí puede seguir haciendo exactamente lo mismo, pero sin el riesgo de una confrontación mayor con Turquía.
Mientras los derechos de aprovechamiento que no se destinen a fines productivos no estén condicionados a un fin específico como el de consumo humano y saneamiento o el medioambiental, cualquiera de estos objetivos queda fuera de nuestro alcance.
Nuestro país se encuentra inmerso en un intenso proceso de aplicación de normas internacionales. De ahí el deber de distinguir las fuentes jurídicas, sus métodos y límites interpretativos, la interacción real – y no sólo deseable entre el derecho interno y el internacional.
Las constituciones del periodo revolucionario galo se limitaron a depositar en el pueblo la defensa final del ordenamiento constitucional y el poder judicial fue perfilado como un mero aplicador de la ley.
El proyecto de ley que busca declarar la existencia de un genocidio contra los Onas y Tehuelches, y directamente relacionado con la reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede hacer pertinente la responsabilidad extracontractual del Estado.
En la Ley especial 19.039, se contemplan acciones y procedimientos civiles especiales para la protección de la marca comercial, y asegurar el derecho de uso exclusivo que le asiste al titular de la Marca Comercial debidamente registrada.
Se concluye que sería una inconsecuencia no aprobar el Protocolo referido, ya que nada de lo expuesto menoscabaría, en forma alguna, la independencia o soberanía del Estado chileno.
Es fácil decir que vivir en socialismo es bueno viéndolo de lejos, teniendo todos los días que comer, contar con buenos servicios públicos, poder ir donde uno quiera, teniendo la libertad de opinar en contra del sistema.
Lo que la sociedad busca no es que el Estado apadrine las aguas del mar, sino que genere los mecanismos necesarios y suficientes para que quién explote las aguas del mar, lo haga cumpliendo los estándares normativos adecuados para evitar su contaminación.
La nueva ley sobre tenencia responsable de mascotas («Ley Cholito») reguló un importante vacío en nuestra legislación, sin embargo, al clarificar el asunto de la propiedad de las mascotas, puede causar indirectamente un importante perjuicio a los grupos familiares.
A falta de normativa específica solo sobreviven las reglas generales de imperio de resoluciones judiciales, que pueden llegar a no ser suficientemente eficaces.
