sin perjuicio del énfasis que se le atribuye a la Constitución de 1980 en orden a privilegiar un Estado subsidiario, ello no es óbice para configurar un deber de garante del Estado en materia de derechos sociales.
El funcionario público contratado honorarios, es uno de los trabajadores más desprotegidos de la legislación chilena, pues, no hay discusión que, en los hechos, se trata de trabajadores que prestan sus servicios personales bajo vínculo y subordinación de un empleador, pero con un «contrato a honorario» que encubre un contrato de trabajo.
No deja de preocuparme el predominante rol que está empezando a tener la Subsecretaría de Derechos Humanos del cuestionado Ministerio de Justicia, que cuenta con facultades que deberían ser propias de un organismo independiente de Derechos Humanos como es el INDH.
En Chile, no hay un catálogo de delitos contra los derechos de los trabajadores. No hay una regulación organizada en un título que trate delitos cometidos en su contra.
No parece posible estimar que la Presidenta fue víctima de una deslealtad o insubordinación de un Ministro y que por ello ella no pudo cerrar el penal, como lo había prometido.
El reglamento de concesiones marítimas perfecciona una serie de aspectos técnicos y reduce lo más posible la documentación necesaria para iniciar las solicitudes, pero sin perder la capacidad de control y supervigilancia del borde costero.
Si bien resulta necesario contar con una regulación que permita la aplicación de la objeción de conciencia a propósito de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, estimamos que esta debe ser entendida como una oportunidad para abordar el tema a fin de perfeccionar su instalación en el derecho positivo chileno.
Siempre será decisión soberana de Chile decidir lo que negocia, y si acepta un resultado. Entonces ¿Qué arriesgamos?
La regla general está dada por el artículo 1698 del Código Civil, el cual dispone que incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o estas, es decir, quien asevera algo debe probarlo.
En la medida que los inmigrantes se sientan parte de la sociedad chilena estaremos progresando en la cohesión social, y fortaleciendo una sociedad solidaria que logra constituirse bajo la percepción de un ?nosotros?, donde todos son parte.
Nada más inclusivo y democratizador que un lenguaje claro y comprensible por todos, por lo que su uso en la Constitución, la norma más importante del ordenamiento jurídico, es una necesidad imperiosa.
La pregunta obvia, entonces, es si ganaremos o perderemos.
Resulta muy difícil simplificarlo, pues la Corte no suele favorecer enteramente a una parte a expensas de la otra. Es el órgano jurídico principal de Naciones Unidas, y no un tribunal interno de un país.
Resulta evidente que los ilícitos indicados pueden presentarse en estados imperfectos de ejecución.
El desarrollo económico del país ha sido una preocupación casi permanente por décadas y se ha argumentado de muchas maneras con respecto a el o los caminos más apropiados a seguir.
La comprensión del derecho penal del trabajo guarda directa relación con el concepto de trabajador que se tenga.
