A pesar de los diversos proyectos presentados a lo largo de nuestra historia, y al acuerdo casi unánime en los especialistas acerca de la necesidad de contar con tribunales especializados en el juzgamiento de materias administrativas, nuestro país no los ha contemplado.

Jamás el pueblo chileno ha ejercido el poder constituyente. Y, por lo mismo, hemos sido y seguimos siendo un pueblo castrado del principal atributo de la soberanía.

En el fondo, nos encontramos en presencia de una gravísima infracción a los derechos ciudadanos de la persona que fue condenada, en donde no se respetaron criterios jurídicos ya establecidos en sentencias anteriores.

Con fuertes palabras el Papa habló contra el llamado “populismo penal”, es decir, esa tendencia que pretende solucionar todos los problemas mediante el uso extendido y desproporcionado de la ley penal

El legislador introduce no sólo un criterio legal para determinar qué tiempo es el que debe abonarse a la pena, sino también la fórmula aritmética para el cómputo del mismo.

El anterior procedimiento de quiebras es un hospital al que ningún enfermo quiere ir, ya que de ese hospital no hay enfermo que salga con vida.

Es posible sostener que la democracia representativa debe concebirse no sólo como un mecanismo procedimental para la toma de decisiones colectivas, sino que además como un mecanismo que debe articularse en torno a ciertas limitaciones.

Si postulamos que resulta esperable un retorno “a lo administrativo” en materia de sanciones administrativas –como lo manifiesta Letelier-, creo que el reto está entregado en primer término al trabajo de la doctrina ius administrativa.

Si la respuesta ius administrativa provendrá en el futuro desde la retórica de la matización o derechamente del redescubrimiento del derecho administrativo sancionador es algo que no resulta fácil vislumbrar pero que, creo, llegará más temprano que tarde.

Desde hace ya tiempo los teóricos del Derecho vienen proponiendo la existencia de dos clases de normas en los sistemas positivos.

La manera en que hoy día, con los valores que rigen actualmente en la sociedad chilena, se está mirando y juzgando un período crítico de nuestra historia, se efectúa sólo respecto de aquellos militares inculpados.

Por diversas causas, y por fuentes de distinto origen, se ha ido formando, en la sociedad civil chilena, una especie de “conciencia colectiva” de que todos los militares que ejercían funciones desde 1973 en adelante, tienen alguna forma de responsabilidad en los crímenes y delitos que se cometieron en el país a partir de aquella fecha.

No corresponden iniciativas personales, ya que se desempeñan siguiendo instrucciones. Si no las poseen, de conformidad con el criterio y profesionalismo que impone el Derecho Internacional, y la capacitación adquirida. Toda transgresión a estas disposiciones, deberá ser cuidadosamente vigilada por el país acreditante, e igualmente, por el país receptor.

Creo sinceramente que aún no nos hemos detenido a reflexionar con profundidad en torno a este trascendental asunto, omisión que, a mi parecer, a lo largo de toda nuestra historia republicana, ha generado un verdadero “vacío existencial”.

La obligación de proteger supone una disposición proactiva: adoptar políticas que aseguren que entes gubernamentales, empresas o particulares no priven a personas o grupos de personas del acceso a los recursos y los alimentos.