De aprobarse el proyecto, el derecho a la vida, protegido en el Artículo 19 Nº1 de la Constitución, se convertiría en el único derecho fundamental que puede ser afectado en su esencia impunemente.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica nos parece inviable que el Poder Constituyente derivado tenga facultades para avalar el reemplazo del ordenamiento superior cuya vigencia debe precisamente cautelar.
La Universidad de Chile al buscar una exclusión del ámbito subjetivo de control que ejerce el Consejo para la Transparencia sobre su actuar, no hizo más que devaluar la labor protectiva del Consejo.
Tal vez Evo quiere que Chile reaccione, se moleste y hasta entrabe, o simplemente no facilite, más allá de lo estrictamente acordado, el libre tránsito boliviano hacia los puertos del Pacífico.
Considerado el derecho de acceso a la justicia como una norma imperativa del derecho internacional, no podemos perder de vista, en la construcción que podamos realizar de este concepto, a nivel doméstico, que es un derecho humano.
La República de Chile necesita de una Carta Política nueva, porque la actual superestructura jurídica (la Constitución de 1980 reformada) es incapaz de viabilizar los cambios que nos exige el presente inmediato y que el futuro del país se merece.
Aceptar una interpretación amplia de la renuncia, deja al descubierto un segundo problema, a saber, la legitimidad democrática de la actual regulación constitucional de la vacancia parlamentaria.
Una Constitución como pacto social, político, económico, ambiental y cultural, es un propósito que debe ser puesto en nuestra agenda, como una manera de fijar reglas que perduren por décadas.
Es claro que la especial relación de Puerto Rico con los EEUU significa ventajas para ambos países. Sin embargo, hay ciertas incongruencias que cada vez más, resultan difíciles de justificar.
Se ha insinuado últimamente que lo más importante es ir definiendo los contenidos de la nueva Constitución. Se olvida que este es el cometido principal de la asamblea constituyente y que la única intervención que corresponde a la Presidente y, eventualmente, al Congreso consiste en fijar las reglas orgánicas y procedimentales del proceso constituyente.
El punto clave aquí es si esta clase de conflictos deben ser resueltos a través de acciones y jueces administrativos o laborales. Para ello es esencial considerar lo que sostuvimos al comienzo: los funcionarios públicos son trabajadores (art. 1 CT). Ese es el eje del análisis.
En materia de régimen de gobierno resulta impensado proponer uno parlamentario o semipresidencial, sin contar previamente con partidos políticos propiamente tales: los existentes son meras cúpulas políticas para distribuir candidaturas y empleos públicos.
Sin desconocer que -en alguna medida- la materialización de inversiones pende de la estabilidad del sistema jurídico, estimamos que “estabilidad” no es sinónimo de “inmutabilidad”.
Todo hace pensar que, tal vez, sólo debiéramos concentrarnos en el Juicio de La Haya, sin buscar más alternativas, por muy bien intencionadas o sabias que sean otras voces, como las del Papa Francisco.
Pareciera ser que la trasparencia obedece más que a un principio, a una suerte de estándar normativo, el cual deriva del reconocimiento que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional le ha dado al derecho fundamental implícito de acceso a la información pública.
