El crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda, encierra una hipótesis de posible autoría material en el régimen de Nicolás Maduro, si esto se llegase a comprobar, implicaría una vulneración grave a la soberanía de Chile, y por la cual el Presidente de la República debiera tomar acciones en asunto, puesto que dicha vulneración a la soberanía pondría en riesgo la seguridad y el honor de la Nación.
La propiedad definida en el artículo 582 del Código Civil, y los derechos que de ella derivan, por su abstracción y elasticidad (derechos reales limitados de goce y garantía), es una situación subjetiva que, sin medios que la defiendan y proteja, afectarían su adjetivo y justificación dentro del sistema jurídico. Lo mismo ocurre con la posesión y su protección, que no es una figura espaciada del derecho de propiedad, sobre todo en materia de acciones protectoras, pues ésta según Aldo Topasio, no es un simple hecho ni un acto, sino acción del sujeto.
A pesar de que se han logrado algunos avances, aún falta. Desde la Cámara Minera de Chile hemos propuesto desde el inicio de nuestra actividad, la urgente necesidad de contar con un plan nacional de exploración minera; como también ofrecer incentivos a la etapa de exploración, que es lo más importante para generar nuevos proyectos mineros. Estamos perdiendo competitividad frente a países vecinos, en el peor momento, ya que es ahora cuando el mundo está aumentando la demanda de minerales, especialmente, para tecnologías que combaten los efectos del cambio climático.
Olvidaron, no por error interpretativo, que un simple principio general que mandata colaborar no es una fuente jurídica legal de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, capaz de determinar nuevas competencias y funciones públicas en la forma que exige la Constitución; y, que si un órganos de la Administración del Estado (OAE) no está previamente habilitado por ley para convenir en algo, no puede operar acordando libremente tal o cual cosa como si fuera una empresa privada.
La ley ha buscado proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en la práctica, los niños y niñas venezolanos han quedado marginados de dicha protección. Afirmo esto dadas las dificultades que tienen niños, niñas y adolescentes venezolanos para poder obtener los documentos que acrediten su identidad y filiación con respecto al padre o madre que realiza la solicitud de visa del menor. Esta realidad aparece aún más preocupante cuando estamos ante adolescentes cercanos a cumplir los dieciocho años de edad, donde al alcanzar la mayoría de edad, ya no es posible que el solicitante NNA pueda solicitar una nueva visa.
A pesar de que en la literatura especializada está claramente delimitada la denominación de “raras”, “huérfanas” o “poco frecuentes”, en el país suele tratársele también a estas enfermedades como “catastróficas” debido al excesivo costo que implica su tratamiento y las graves consecuencias que trae para el paciente y su familia la obtención de financiamiento económico para costearlo. Cabe señalar que se da el caso que haya enfermedades que no son raras o huérfanas pero que sí son catastróficas, sin embargo se da que varias de ellas, tanto la ley como el método de financiamiento, se tratan como sinónimos.
En sede normativa, tal situación no es ajena. No existe en la Ley una definición de familia, por el contrario, ha sido la doctrina que, sistematizando, principalmente, los cuerpos legales más relevantes en los vínculos familiares (el Código Civil, la Ley de Matrimonio Civil, la Ley de Adopciones, la Ley Nro. 14.908) ha tenido que conceptualizar la misma – a mi juicio – de manera escueta y no necesariamente representativa de las realidades socio-parentales y las nuevas legislaciones.
Las Damas de Blanco de Cuba, María Corina Machado y Rocío San Miguel de Venezuela, mujeres víctimas del abuso del poder del Estado, de la violencia institucional, del maltrato y de la violencia de género. Bajo la mirada indiferente y la ignorancia selectiva del feminismo antipatriarcado, cuya voz no se hace escuchar, por considerar que si una mujer no es de su ideología, no merece respeto ni defensa.
A experiencia de quien suscribe, adicionalmente a las interrogantes jurídicas planteadas, hubiese sido deseable proponer y solucionar algunas situaciones que en este tipo de delitos eran recurrentes y, a contar de la vigencia del articulado en comento, ley N° 21.633, se harán aún más frecuentes, en un contexto de que la medida permite entrar con fuerza pública, sin aviso previo y desalojar, y, sin olvidar que los imputados ocupan y residen en algún inmueble usurpado, por tanto, tienen, en dicho lugar, probablemente, sus pertenencias, enceres, entre otras cosas.
El autor hace referencia a Farid Kahhat, autor del libro titulado “Contra la Amenaza Fantasma”, quien afirma que en un mundo convulso e incierto como el nuestro, la derecha radical en América Latina ha construido un enemigo existencial que hace su entorno político inteligible y previsible. Pero en ese proceso, incurre en una sobreestimación de la cohesión de rivales variopintos pues termina generalizando e identificando con la misma etiqueta a actores que presentan diferencias políticas e ideológicas mayúsculas entre sí.
En el mismo procedimiento administrativo invalidatorio, específicamente en la etapa de audiencia previa, el interesado, en virtud del principio de contradictoriedad -artículo 10 Ley N° 19.880-, podrá intentar demostrar que a su respecto efectivamente resultaba procedente el otorgamiento de la pensión de gracia, que el fundamento de hecho existe y fue calificado jurídicamente de manera correcta, lo cual descarta su indefensión, permitiendo una revisión de los fundamentos que sustentaron la decisión presidencial.
La implementación de la nueva ley de delitos económicos no es tarea fácil. Las empresas deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios, pero lo suficientemente rigurosas para implementar un sistema de prevención que cumpla con su propósito. Este desafío, además, presenta una oportunidad invaluable para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo y, con ello, la reputación y la confianza de los stakeholders.
Desde la óptica de los derechos humanos, es posible sostener que el ejercicio jurisdiccional que ejerce la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud de la Superintendencia de Salud, en base a la facultad legal que le permite fallar conforme a su prudencia y equidad, configura una suerte de garantía constitucional destinada a promover y proteger, de manera expedita y especializada, el ejercicio del derecho a la protección de la salud y otros derechos fundamentales.
Una forma de potenciar cierto orden de respeto a los derechos humanos y del denominado “Derecho al cuidado”, parte por fortalecer las cualidades de los individuos que integran la sociedad, fundamentalmente con educación, salud y empleos permanentes y dignos, y de esa manera los índices de delincuencia y pobreza serían mejor manejables para los gobernantes de los Estados. Como ejemplo vale resaltar que sociedades europeas como Suecia, Alemania, Suiza, Holanda, Dinamarca, Inglaterra entre otros, en América Canadá, Uruguay y Chile, fueron capaces de atender con efectividad y oportunidad los grandes problemas como la salud, la justicia y el derecho al cuidado.
Nuestro país ha enfrentado diversas emergencia y catástrofes. Estos sucesos han afectado o imposibilitado el desarrollo de las actividades humanas en todas sus manifestaciones, incluyendo la ejecutada por la Administración del Estado.
En este contexto surgen la siguiente interrogante: ¿Cómo enfrentar el impacto de la catástrofe por incendios forestales en distintos aspectos de la contratación pública de bienes y servicios? ¿es idónea la actual regulación en un país que enfrenta catástrofes naturales con cierta habitualidad? El presente texto analiza sucintamente las herramientas o mecanismos disponibles en el régimen normativo de la Ley N° 19.886, respecto de los procedimientos en desarrollo, y esboza una somera conclusión.
