Como está dicho, el Estado de Chile se ha parapetado en el artículo 2 de la Ley Indígena, elaborado sin anuencia ni participación indígena y entendiendo que las condiciones para acceder a la certificación de la calidad de indígena son “numerus clausus”.
La aceptación y aplicación práctica de la conciliación como un instituto procesal en las reclamaciones ambientales como un medio alternativo de solución a los conflictos medioambientales, acrecienta la garantía de acceso a la justicia ambiental y resulta beneficioso, pues permite llegar a soluciones no adversariales, de amplia aceptación y, por tanto, potencialmente duraderas.
La investigación de malicia real analiza la creencia subjetiva de los demandados en cuanto a la veracidad o falsedad de los informes de noticias en el momento de la publicación y requiere que los demandantes establezcan que los acusados publicaron los informes de noticias con conocimiento real de que eran falsos o con un «alto grado de conciencia ”de la“ probable falsedad”.
La segunda situación, más conocida como fiesta clandestina, pareciera calzar con la exigencia del 318, y así incluso lo señaló la Corte en ese caso, pues hizo referencia a si el sujeto hubiere ido camino a algún evento de esa naturaleza, aunque ahí, sin llegar aún al evento, no cuadraría con el 318 consumado. No obstante, si el sujeto está en el evento sin respetar cuarentena, toque de queda, aforos máximos y aun medidas mínimas como usar mascarillas, claramente se cumpliría el supuesto factico del 318, correspondiendo en ese caso la pena en cuestión.
Con la video vigilancia mediante drones habrá siempre un operador o humano responsable del tratamiento que afecta a la imagen propia de una persona y, como constituye un dato personal, las exigencias, requisitos y restricciones de las normas de protección de datos personales deben ser un mecanismo jurídico idóneo para ordenar su uso y evitar posibles abusos.
A pesar de la fascinación que ha despertado la teoría del constitucionalismo con su “hija predilecta” el neoconstitucionalismo, preocupa que en más de una década del siglo XXI el desarrollo de los derechos fundamentales y humanos no hayan alcanzado el panorama completo de conciencia y mentalidad de estos elementos y que los Estados no terminen de legitimarse desde sus propios fines.
En el caso de Chile, existirían diversas normativas que instarían (por no obligar directamente) la vacunación: los artículos 19, N° 1 y 9 de la Constitución, que protegen la vida y la salud, la Convención de los Derechos del Niño, ratificado por el estado chileno en 1990 reconoce el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud (artículo 24).
La trascendencia de observar la práctica en la cual se ha desenvuelto esta normativa es de categoría esencial para garantizar la protección de la institución del refugio, toda vez que la concurrencia de prácticas que no estén contempladas puede asegurar no solo el incumplimiento de normas nacionales sino de que de obligaciones internacionales del Estado de Chile.
Los últimos 40 años de nuestra república han significado un notable avance frente a los 160 previos sellados por sucesivos golpes militares que impidieron la consolidación del poder civil y de la democracia en nuestro país. Es un avance que debemos celebrar, pero sobre todo preservar. No debemos olvidar que nuestra propia Constitución en su artículo 169 dispone lo siguiente: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional”.
Una práctica común es el monitoreo o revisión de los sitios de Internet en los cuales ingresan los empleados, esto es, el control de sus hábitos de navegación. Y claro, se salva cualquier cuestionamiento jurídico si de manera previa ellos lo anticipan y explicitan en los Reglamentos Internos, que se entienden parte integrante de los contratos de trabajo.
Si tuviésemos que definir el libro «Ideas Centrales para la Nueva Constitución» en una sola oración, lo haríamos de la siguiente manera: una obra de divulgación científica destinada a proporcionar insumos a la ciudadanía para que participe activamente en las etapas que vienen dentro del proceso constituyente.
Importa destacar, además, que “Las anotaciones de esta clase caducarán a los dos meses de su fecha si no se convirtieren en inscripción” (arts. 15 y 67 Rcbr). Lo que es relevante cuando el Conservador devuelve el título sin inscribir para que se subsanen los defectos (art. 15 y 16 Rcbr).
En general, todas las iniciativas utilizan como fundamentación principal los efectos económicos y sociales provocados por las medidas sanitarias a raíz de la pandemia, sin perjuicio de agregar otras razones como las falencias del sistema previsional y las amenazas ante una eventual nacionalización, expropiación o confiscación de los fondos previsionales.
Está el llamado a no regirse por los acuerdos de 15 de noviembre de 2019. Dicha situación es inadmisible, ya que dicho acuerdo fue la base de la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente. Existe norma clara al respecto y ésta es la reforma constitucional que posibilitó la apertura de dicho proceso.
Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes; no obstante, debemos necesariamente tener en cuenta los efectos que eso trae consigo para todo el resto.
