El capítulo XV de la Constitución Política de la República, en relación al Reglamento de la Convención, solo hace referencia al quórum con el cual el órgano deberá aprobar su propio Reglamento (dos tercios de sus miembros en ejercicio), pero no se pronuncia respecto al contenido del mismo, ni tampoco sobre el tiempo que tendrá el órgano constituyente para redactarlo.

Como consta en las Actas de la reforma constitucional se hizo ex profeso al debatirse el punto, y fue una omisión relevante, el optarse por no mencionar ni incluir junto a la «protección de datos personales» la referencia a los Derechos ARCO que también consagra el artículo 12 de la ley 19.628.

Todos nuestros textos constitucionales incluyendo los reglamentos que han regido la vida republicana, han sido redactadas por una elite, ya sea política, económica o intelectual, pero jamás se ha consultado a los ciudadanos por dicho cambio, y así tampoco se ha considerado su participación.

La única diferencia palpable entre estos promotores de cambios en los dos países es que, en Venezuela la intolerancia y el odio contra quien piense distinto no se transmitió de generación en generación sino que, llegó con el socialismo.

La evaluación de desempeño de los/a jueces/zas de policía local por parte de la Corte de Apelaciones respectiva, contribuyen a resguardar la independencia de éstos/a, ya que limita, en este sentido, la participación del alcalde o la alcaldesa en la calificación definitiva que recibirá el/a juez/a.

A simple vista, pareciera que no existe falta de recursos en esta votación, de modo que si existe la disponibilidad de un kit completo de sanitización, infografías y el aumento de locales de votación llama la atención que, como en los países que comentamos más arriba, no se hubieran dispuesto láminas de plástico en las mesas de sufragio o trajes protectores a los funcionarios electorales y votantes.

Independiente el camino que tome la ciudadanía siempre hay puntos que mejorar, por lo que la Agenda 2030 y, en particular sus objetivos pueden servir de base a la discusión.

En un ejercicio de prognosis Constitucional, las chilenas y chilenos decidirán – en un proceso de dos etapas- por una enmienda, mediante la opción rechazo o no ratificando el referéndum de salida el proyecto de nueva Constitución, o por una revisión Constitucional, adhiriendo la opción apruebo y ratificando el proyecto del nuevo texto propuesto por la Convención –cualquiera de ellas -, derogándose el Decreto Supremo N° 100, configurándose una revisión destructiva si ocurre este útimo hecho.

La labor de generar una reglamentación coherente, que realmente cumpla el objetivo inicial sin efectos adversos, es un proceso que trasciende lo jurídico y que debe considerarse desde la decisión de legislar hasta la elaboración del articulado.

La ley exige que los instrumentos públicos de los órganos del Estado se firmen con criptografía asimétrica, con certificados o software de firmado electrónico o avanzadamente; tal opción, porque en el hecho no posee y nunca se genera lo que la ley llama «plena prueba» de lo firmado, nos sigue  pareciendo una opción legal equivocada.

Es necesario volver a hacer un llamado a actualizar con urgencia la ley 19.223, derogándola y publicando una normativa acorde a nuestros tiempos, no como el proyecto de ley que se encuentra durmiendo en el congreso desde el 2018, que se anunció con bombos y platillos, y que solo nos iguala a la convención de Budapest, que data del año 2001.

La doctrina de la jerarquización adelanta la decisión, sin tomar en consideración las condiciones que rodean la situación de contexto, en la medida en que determinada norma tendría prevalencia absoluta. La relación absoluta de prevalencia impediría la existencia de un conflicto de normas que sirve de justificación al método de ponderación.

Ad portas de un cambio constitucional, un debate necesario de realizar es el de cómo plantearemos el rol del Estado en la asignación y distribución de los recursos naturales.

Esta materia es sumamente relevante, en el momento actual para Chile, ya que debería ser tomada en consideración en el proceso de discusión constituyente al momento de evaluar los contenidos de la Nueva Constitución.

El Convenio es prudente en el caso de asignación de recursos públicos ya que dice que el Estado Parte debe (6ºc) «establecer los medios necesarios para el pleno desarrollo e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin».