No podemos compartir dicha premisa de esperar a futuras leyes de ciberseguridad, de delitos informáticos o de tratamiento de datos personales para fundar legalmente la responsabilidad de los servicios públicos ante posibles negligencias, y por cierto tampoco para el sector privado.
Algo similar ocurre con un derecho sin garantías, es un derecho, parece un derecho, tiene los elementos propios de todo derecho, sin embargo, si no existen garantías que lo amparen, no podrás ejercerlo de manera empírica y concreta, podrás utilizar el derecho para otros fines, como por ejemplo, estamparlo en una polera e ir a un concierto.
En cualquier procedimiento ordinario el juez podría valorar la prueba testimonial de acuerdo con las disposiciones normativas establecidas ex ante por el legislador y, al mismo tiempo, valorar una prueba pericial de acuerdo con las inferencias probatorias establecidas ex post por el propio sentenciador.
En palabras de la OEA, las elecciones del pasado 20 de octubre de 2019, se deben razonar en: “Manipulación dolosa”, y “parcialidad de la autoridad electoral” que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”.
En la Convención Constitucional, el debate sobre la regulación estatal de precios se dará en el contexto del debate mayor sobre el orden público económico, pero constituirá uno de sus capítulos más importantes.
La presión social y política impulsará a los abogados, jueces y servidores públicos a resolver las disputas legales e interpretar la legislación ahora no con los métodos del derecho continental, sino que en base al neoconstitucionalismo que emergerá ya no como argumento escondido, sino como doctrina interpretativa predominante.
La declaración de inconstitucionalidad del proyecto en cuestión, evidencia no solo el valor de la jurisprudencia del TC como fuente material de Derecho parlamentario, sino además establece un precedente parlamentario que limita la presentación de eventuales iniciativas de semejante naturaleza legislativa.
Con el 70% de abstención, pese a las presiones y amenazas, sin mínimas garantías a la oposición, omnipresencia chavista antes, durante y después de los comicios, no evidencia la realidad electoral ni representa la auténtica voluntad ciudadana.
En Derecho Penal también existe protección a la familia, por ejemplo existen ciertos delitos tipificados, con mayor gravedad cuando se cometen con miembros de la familia o también se manifiesta en la ley de violencia intrafamiliar.
El ente fiscalizador no solo tiene toda la información de los contribuyentes, sino también la información de sus clientes y proveedores, por lo que según el parecer del suscrito, debe derogarse la referida norma y restablecerse la teoría general de la prueba en materia tributaria, esto es, que quien efectúa una alegación, debe probarla.
De un tiempo a esta parte ha venido asentándose ―con cada vez más preminencia― la corriente que identifica el reconocimiento de la relación laboral, en el contexto de un incumplimiento en el pago de cotizaciones, como una resolución meramente declarativa. Es decir, que se limita a reconocer una situación preexistente.
En este debate se ha echado de menos una tesis que, desde una mirada estructuralista y al margen de una historia siempre tan teñida de sangre, proporcione razones filosóficas y jurídicas que, al amparo de las reglas democráticas, demuestre la pertinencia, o incluso la razonabilidad que para una sociedad liberal supone la convivencia armónica de todos sus pueblos.
La verdadera garantía de autonomía está dada por estatuto de sus autoridades superiores, diseñado para desempeñar una función especializada, sin el vínculo jerárquico más rígido respecto del jerarca, o el de supervigilancia o tutela, mucho más flexible respecto de la autoridad central.
La renuncia de un derecho laboral irrenunciable se sanciona con nulidad absoluta, anulándose específicamente la cláusula involucrada, quedando el contrato vigente y los beneficios que haya recibido el empleador o empleadora en virtud de aquella serán anulados y devueltos a las o los trabajadores.
Hoy cabría quizás hablar de «un derecho personalísimo», que era socavado bajo el argumento de ejercerse un derecho de acceder a información para darla a conocer a terceros, es decir, fundándose en una supuesta libertad de informar.
