El Derecho de la Judicatura se preocupa del estudio de los Tribunales de Justicia y auxiliares, y la actividad realizada por dichos agentes, dejando de lado la actividad procesal.

Lugares de acopio de abastecimientos, alimentos, medicinas y otros insumos de urgente necesidad, que la población hoy no dispone de manera dramática, podrían alterarlo todo.

Intentar una denuncia contra algún funcionario del Gobierno de Maduro no es viable ya que los expedientes desaparecen o no son tomadas las denuncias y en muchos de los casos, los denunciantes son detenidos y encarcelados al poco tiempo.

La configuración del Derecho a la Propia Imagen en nuestro país no ha estado exento de complicaciones, toda vez que no ha sido reconocido explícitamente como un Derecho Fundamental en nuestra Constitución ni en las leyes.

En el núcleo de este debate sí hay un conflicto iusfundamental referido a uno de los más antiguos derechos: la igualdad en derechos civiles, bajo la fórmula de igualdad ante la ley.

Se trata de un asunto que ha de ser deteminado en la casuística, pero que ya no es posible ignorar del todo o considerar de plano irrelevante.

Nos parece que la competencia de los tribunales del trabajo para conocer de acciones deducidas contra la Administración del Estado, debe ser resuelta expresa e inequívocamente por vía legislativa.

Al acoger este requerimiento de inaplicabilidad respecto de un recurso de unificación de jurisprudencia, el TC ha excedido los límites que la Constitución le precisa para el ejercicio de la atribución en cuya virtud declara la inaplicabilidad de preceptos legales.

Un bloque de 14 países salvo México ratifican y apoyan a la Asamblea Nacional Venezolana en el desconocimiento del nuevo mandato al que aspira Maduro por considerar que las elecciones, donde supuestamente quedó electo son ilegitimas.

Todo parece indicar que el muro con México es, por encima de lo conflictivo, más un pretexto que un objetivo real indispensable, para la construcción de otro muro, esta vez invisible, entre la administración de Trump y la Cámara de Representantes.

Además de incómoda, la norma parece injusta desde que dos industrias idénticas situadas en suelos equivalentes desde el punto de vista de planificación territorial, no tendrán las mismas exigencias si una tiene receptores y la otra no.

Todos los poderes públicos en Venezuela están subordinados de manera pública, notoria y comunicacional a las directrices del Poder Ejecutivo en contravención con la Constitución Nacional.

Conforme a la legislación italiana, las personas tienen derecho a rechazar la aplicación de cualquier tratamiento médico, incluyendo aquellos de soporte vital. Sin embargo, no permite la práctica de tratamientos que tengan como objetivo provocar su muerte.

El paso siguiente del máximo Tribunal prioriza la incorporación a los procesos de mecanismos de inteligencia artificial (IA), tele trabajo, automatización y, eventualmente, hasta alegatos en video conferencia.

El llamado «Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular», aunque utiliza una de las denominaciones de los Tratados, no lo es, al tenor de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969), a pesar de que consta por escrito.