A las graves anomalías denunciadas hasta la convocatoria irregular de la Asamblea Constituyente y a los poderes de facto que ésta ha asumido violando la Constitución y usurpando la autoridad legítima de la Asamblea Nacional, se agregan nuevos desmanes que exigen una intervención más resuelta y decisiva de la comunidad política latinoamericana para restablecer la […]
Me explico, la carga de la prueba la tiene el Estado. La persona se presume inocente, y es el Estado a través del Ministerio Público (no de los jueces) quien debe acreditar más allá de una duda razonable que al acusado le ha cabido participación en un delito como autor, cómplice o encubridor.
Esta sentencia constitucional tiene la importancia de dejar planteado un tema cuyo tratamiento en nuestro derecho es incipiente y seguramente impulsará mayores estudios y análisis de una materia tan fundamental como es la objeción de conciencia.
La sentencia de la Corte Suprema no obliga a los distribuidores mayoristas de telecomunicaciones subsidiar a los minoristas, sino que sólo les garantiza el acceso a las redes para participar en forma competitiva.
Financoop es una empresa financiera que está en problemas, y en que la autoridad ha actuado, los inversionistas están preocupados, y en el horizonte aparece el fantasma del fraude.
Cataluña tiene pendiente decisiones trascendentales en las próximas horas o días. Lo sigue postergando, a pesar que los tiempos se acaban.
La total ausencia de una reflexión jurídica sobre los requisitos de la nueva causal de la justificación hace imposible compartir la decisión del tribunal.
No está en discusión que la propiedad común o quiritaria puede ceder al interés general de la nación a través de un proceso expropiatorio, ¿pero es posible sostener lo mismo respecto de la propiedad intelectual?
Muchos países han implementado los MASC de manera mucho más extendida que Chile, embarcándose en una política pública seria al respecto.
A partir de la dictación del fallo que legaliza el aborto en tres causales, se ha difundido la idea de que esta decisión viene a cambiar el estatuto constitucional del nasciturus.
Todo indicaría que el alcance institucional de la expresión Estatuto Administrativo cimentado en el artículo 72 N°s 7, 8 y 9 de la Constitución de 1925, según lo postulado por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, actualmente no gozaría de mayor respaldo constitucional.
Quién gane la próxima elección se transformará rápidamente en un Gobierno de minoría bajo la ilusión de una falsa mayoría.
Hay que mirar con detenimiento el voto concurrente del Ministro Domingo Hernández, que a ratos más bien parece una disidencia.
La iniciativa legislativa representa un trabajo de indudable calidad, pues consigue conciliar los intereses y derechos involucrados de manera adecuada, proponiendo un tipo penal respecto del cual sería difícil estar en contra.
El Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
