A raíz del reciente desalojo por orden judicial de aproximadamente 20 migrantes de la comuna de Santiago, recalcamos la gravedad de la omisión de actuación de las autoridades locales y estatales, incumpliendo gravemente los estándares mínimos exigidos en materia de Derechos Humanos.
A nuestro juicio, la ignorancia de la obligación o de la exigibilidad de ésta constituye una eximente de responsabilidad.
Esta ley ha dado génesis a un nuevo mercado: Asesoramiento en programas de cumplimiento. Sin embargo, también ha traído una suerte de confusión, puesto que no toda la población comprende el verdadero sentido y alcance de esta norma.
Actualmente el país está inmerso en una “revolución constitucional”, en la cual se identifican múltiples opiniones y diversos pareceres acerca de la Carta vigente.
La politiquería es la degeneración de la política: el aprovechamiento egoísta del poder o de la posición pública para fines de su vanidad o empobrecimiento.
Se requieren dos reformas importantes: la primera, pensar en qué casos los fallos de la Corte Suprema deben tener efectos generales, para así no afectar la igualdad ante la ley; y la segunda, que todas las contiendas de competencias sean conocidas por el TC.
El calificativo de “tercera cámara” no hace sino confundir a la ciudadanía respecto del rol que le corresponde desempeñar legítimamente al Tribunal Constitucional.
Comentario a la STC de 13 de diciembre de 2016, Rol N° 2983-16.
No parece coherente que si a los funcionarios públicos se les aplica el mismo régimen de pensiones que al resto de los chilenos, salvo contadas excepciones, los uniformados tengan una regulación distinta.
No existe el “economicidio”, y por lo mismo debemos contrarrestarlo de manera activa y no pasiva, como casi siempre ocurre con Bolivia y su persistente campaña anti-chilena.
Se ha criticado que la norma sería inconstitucional porque vulneraría el derecho de propiedad al aplicar retroactivamente causales de extinción que no estaban previstas cuando ellos fueron constituidos.
El perfeccionamiento de nuestra forma de gobierno y la búsqueda de mecanismos que aseguren un funcionamiento institucional más armónico y equilibrado entre los poderes del Estado es hoy un objetivo prioritario.
Se plantea la discusión en doctrina acerca de la naturaleza jurídica de la Acusación Constitucional que consagra nuestra Carta Fundamental. Los autores debaten sobre si se debe considerar este mecanismo como un instrumento netamente político o bien un mecanismo jurídico.
La Corte Suprema echó por tierra la que creemos es la buena doctrina, a saber, que se indemnicen los perjuicios a contar de la fecha en que el deudor debió pagar cada una de las asignaciones profesionales mensuales que adeudaba a los demandantes, pues ha retardado culpablemente su obligación.
La Administración Activa, impulsada por la Contraloría General de la República, ha entendido que por el hecho que la ley radique facultades desconcentradas en un órgano centralizado, automáticamente, asimila esta situación a la del jefe superior de un servicio descentralizado.
