Durante muchos años se advirtió de sus problemas, los movimientos sociales eran manifiestamente claros en evidenciar que existía una falla en la Sala de Máquinas Constitucional. Largos ríos de tinta han corrido explicando aquello. Por ello a futuro necesitamos de un aceite que vaya ajustando aquellos engranajes que están oxidados.
El proyecto anti colusión ve hoy sorpresivamente entrampada su tramitación legislativa a raíz de una discusión parlamentaria ya resuelta por la Ley N°20.945: la titularidad de la acción penal para el delito de colusión. Lo que a primera vista parece ser una mera disputa sobre las virtudes del sistema de libre competencia nacional, refleja una situación aún más preocupante: la transgresión de los parlamentarios a las normas que rigen su labor legislativa.
El ejercicio del dominio del titular sobre su unidad puede ser limitado válidamente por el reglamento de copropiedad, en cuanto este determina el uso que debe tener cada unidad. Los fundamentos de la limitación pueden ser, el derecho otro propietario o el interés colectivo.
El derecho internacional ha dado respuesta convencional (tratados) y en la interpretación de tratados (sentido y alcance) de las normas jurídicas contenidas en los tratados y su argumentación (fundamentación, concatenación lógica de razones).
La norma es del todo atingente en su aplicación actual, en contra de aquellas personas que están siendo detenidas por no respetar las medidas preventivas impuestas en las diversas comunas del país.
Existe día a día infracción a los derechos fundamentales, no solo respecto al honor de la personas sino que también al justo y racional procedimiento en el que se basa el acto de juzgar.
Las recriminaciones crecen y el alejamiento se acentúa, teniendo ahora como foco agregado, la responsabilidad en la contaminación sanitaria y su control. Agudizada por las inminentes elecciones presidenciales norteamericanas, las acusaciones de negligencia china en la expansión del virus, y la manipulación de las estadísticas.
La existencia de una normativa local que prohíbe el trabajo de las hortaliceras mapuches en la ciudad de Temuco como justificación de este actuar, nos parece reñido con normas de derechos humanos, de carácter constitucional y que gozan de primacía.
Fue el primer oficial de la Marina chilena en recibirse de abogado. Tal hito quedó fechado en nuestra historia el 31 de julio de 1876, cuando tenía la edad de 28 años.
En Chile actualmente, no existe un reconocimiento normativo intencionado hacia los derechos sexuales y reproductivos dentro de la especialidad que merecen.
Si bien todas nuestras Constituciones han nacido en momentos de crisis y quiebres constitucionales, la experiencia comparada nos muestra que numerosos textos son reemplazados de manera pacífica, sin afectar el funcionamiento del Estado y a través de mecanismos institucionales vigentes, sin alterar su democracia.
Más allá de las discusiones teóricas, lo cierto es que la pena privativa de libertad ha alcanzado una justificación en el marco de los derechos humanos.
Queda de manifiesto que desde la teoría del derecho del Estado las Constituciones consisten en pactos de convivencia entre los ?diferentes y desiguales-, y su legitimidad no proviene de los votos, sino de las garantías de los derechos fundamentales.
El Mensaje no hace en ningún momento mención a la necesidad de asegurar o de proteger los salarios de los trabajadores haciendo caso omiso a dos de las tres solicitudes de la OIT: proteger la calidad de los empleos, es decir, los salarios, el acceso a protección social y -en especial- a los sectores más vulnerables de la población.
En el ejercicio de las relaciones laborales y en el desarrollo de cualquier trabajo se debe tener presente el denominado concepto de ciudadanía laboral o en la empresa, la cual dice relación con la condición inherente referente a la dignidad de las y los trabajadores en nuestro país.
