Permitirle al Estado disminuir las garantías constitucionales y procesales de lo que él clasifique de terroristas, es una estrategia peligrosa por parte de la sociedad.

Durante los últimos años, hemos presenciado un notable esfuerzo legislativo tendiente a crear Tribunales Contencioso Administrativos, estructurando dicha orgánica bajo el principio de la especialidad conforme a la materia.

Como en todo juicio se corren riesgos, de ganarlo, perderlo, o situaciones intermedias. Pero hay que precisar, no habrá decisión alguna sobre el fondo, por sobre el aprovechamiento comunicacional.

En Israel se da el curioso caso de un pueblo pacífico, inteligente e industrioso dirigido por un Gobierno cruel y prepotente que no parece advertir que con sus actos abominables está provocando la repulsa y la indignación de todo el mundo civilizado.

No es la primera vez que se pretende imponer tributos sobre un hecho imponible inexistente. Lo curioso es que el actual Gobierno esté pretendiendo reeditar una Ley similar del Régimen Militar.

En relación al derecho y al acceso al agua potable, Chile, como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas, debe ajustar su legislación y sus políticas públicas a las directrices contenidas en los respectivos instrumentos y resoluciones.

Más bien y puesto que la laicidad es inherente a la república y a la democracia hay que construir una laicidad compartida y respetar los aportes de un laicismo dialogante.

La intención que encierra el proyecto de ley se comparte, pero de ser aprobado en los términos anteriores, el Tribunal Constitucional deberá jugar un rol esencial evitando que normas abiertamente inconstitucionales se transformen en ley de la República.

La Corte europea ha aprovechado otra oportunidad para pronunciarse sobre el contenido de los derechos de la Convención Europea de DDHH, respetando el progresivo avance en la comprensión de los derechos.

En el caso de los beneficios tributarios, su fundamento se halla, a juicio del Tribunal, en el deber del Estado de “propender al bien común, particularmente, a la redistribución del ingreso nacional”.

Reformas de diverso alcance se encuentran en discusión, sistema educacional, tributario, electoral, laboral, pueblos indígenas, seguridad social, aborto, derechos de agua, asamblea constituyente, gobierno interior y litigios varios.

Esta vez nos favorece el derecho internacional en el juicio, más que los argumentos políticos, que la Corte debiera prescindir, a pesar de los precedentes contrarios en sus últimos fallos.

La aplicación de este derecho a reservarse el ingreso en este caso es más que discutible. En primer lugar, el derecho de admisión no se encuentra consagrado en la ley Nº 19.327, en los términos en que se lo describe en el comunicado.

El Tribunal Constitucional ha señalado que el grado de desproporción permitido por el ordenamiento jurídico es distinto en el caso de los impuestos directos respecto de los indirectos.

Es falso que con el proyecto de reforma tributaria se afecte el derecho de asociación del artículo 19 nº 15 de la CPR, porque la persona jurídica creada sigue teniendo una existencia independiente de quienes concurren a crearla.