Permanecen inmutables, varios aspectos tan sensibles como mantener Jerusalén como la capital única e indivisible, la mayor parte de los asentamientos ya instalados, y otras ocupaciones territoriales que permanecen sin alteraciones significativas, todavía calificadas de ilegales.
La Constitución de 1980 recogió algunos valores y principios básicos que conforman nuestra tradición republicana y que, por lo mismo, merecen quedar incorporados en la nueva Constitución.
Las exigencias actuales sobre catástrofes (cambio climático, terremotos y otros), hace que sea indispensable una estructuración y coordinación del sistema nacional de emergencia.
El ejercicio de comunicar es complejo; su etimología significa hacer partícipe, implica en sí mismo una tensión.
El propio constituyente en el artículo 19 numeral 26 (principio de reserva legal) señala que la «seguridad de los preceptos legales?», vale decir, que para nuestro ordenamiento jurídico constitucional, el único órgano facultado para regular o complementar derechos fundamentales es el propio legislador democrático mediante una ley.
Como país tenemos todavía la oportunidad de alcanzar una gran prosperidad económica si logramos establecer una justicia distributiva que sería la base de la paz social.
Todo intento pacificador o iniciativa propuesta por los occidentales, se ha demostrado ineficiente, tanto en Irak como en Irán. Adolecen, por lo general, de un profundo desconocimiento de la cultura, creencia, tradiciones y costumbres de esos pueblos.
El objetivo principal del Protocolo de Montreal es la protección de la capa de ozono mediante la toma de medidas para controlar la producción y el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono.
La Cámara de Diputados y algunos partidos continúan violentado la política con acusaciones e interpelaciones infundadas a autoridades gubernativas, en lugar de tramitar con la premura requerida la legislación que la ciudadanía reclama para resolver sus necesidades más urgentes.
Esta breve entrega se concentrará en el ámbito ambiental. Existen una cantidad importante de normas jurídicas internacionales que nos regulan, hoy día, en el ámbito nacional y que han sido citadas no sólo en libros sino usadas en el proceso de razonamiento, argumentación como se le conoce comúnmente, en la parte dispositiva de sentencias. Aquí citaremos una relacionada al caso Puchuncaví Quintero, recientemente comentado en este diario.
Hay quienes sostienen que es básicamente un tratado con alto grado de discriminación; donde la pregunta central es por qué algunos países tienen derecho a poseer armas nucleares, mientras otros son sancionados por lo mismo.
Reconocer a quienes han estado antes que nosotros en este mundo, no es, a estas alturas, una decisión inspirada por el azar, es un verdadero deber: honrar a quienes nos precedieron merece un estatus mayor. Allí estará Don Mario.
Un problema mayor en el acceso a la justicia reside en la generalizada tardanza en alcanzar la solución de la controversia por la vía procesal.
La doctrina discute fervientemente acerca de qué criterio debe seguirse para determinar si un derecho ha sido ejercido de manera abusiva.
Me parece necesario resaltar, que la participación de quienes nos especializamos en derecho administrativo, resultará esencial, puesto que muchas decisiones que se adopten en dicho proceso constituyente, impactarán sensiblemente en nuestra disciplina jurídica.
