El test de proporcionalidad forma parte de una teoría de los derechos fundamentales, con ciertas características y sobre todo ?como toda teoría- con ciertos límites, a la que está esencialmente vinculada sin la cual ella no tiene sustento.

Cabe preguntarse qué prima en la coyuntura actual: si ese principio de exclusiva confianza o bien la necesidad de juicio de amovilidad.

Por razones históricas, nuestro Código Civil en su diagramación normativa contempla la tradicional división entre Derecho Público y Privado. El artículo 1462 del Código, consagra la idea romana de que «el derecho público no puede ser cambiado por pacto de particulares», y a razón de ello no podría en la lógica de Bello eludirse la jurisdicción Estatal por pacto privado.

Resulta frecuente que la literatura especializada acuda a Marbury Vs. Madison y a El Federalista para cimentar – casi con argumento de autoridad- el surgimiento del control de constitucionalidad de la ley.

Es preciso considerar que los militares fueron condenados mediante la aplicación del antiguo sistema de procedimiento penal inquisitivo, un sistema que no respeta el derecho humano a un debido proceso.

La causal si bien no está definida en la ley debe limitarse al buen entendimiento de las palabras y no realizar una interpretación antojadiza, lo que vulneraría el debido proceso.

Lo que la Excma. Corte debió atender fue el derecho humanitario que favorece a tales condenados, no para reducir ni eliminar el castigo, ni para borrar lo deshonroso de su condena sino para modificar su forma de cumplimiento en consideración a su edad, a enfermedades incurables y al cumplimiento de los demás requisitos que la ley establece.

La libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Si lo afectado a través del ejercicio de la libertad es o no tercero, y si ese eventual tercero debe ser sujeto de protección es la materia genuina a debatir.

Si quisiéramos analizar económicamente la actividad notarial, sólo lo podríamos hacer con respecto a las relaciones entre el personal y el notario, o entre los usuarios y el oficio, cuestión que en algún punto del informe se da. No obstante, no es posible aplicar el análisis económico a la fe pública.

De conformidad a lo expuesto, esperamos que, en un futuro no lejano, la pena de muerte sea abolida definitivamente, incluido nuestro país.

El proceso del Referéndum llega hasta nosotros como un proceso democrático cultural directo, porque amalgama voluntades en libertad de conciencia que merecen ser respetados en sus resultados por principios y mandatos constitucionales.

Parafraseamos al célebre Sherlock Holmes en el subtítulo de esta columna con el pretexto de llamar la atención sobre esa particular atención que se le dispensa al caso Marbury Vs. Madison a propósito del surgimiento de la revisión jurisdiccional de las leyes.

Asalta una preocupación respecto a la noticia. Esta visa de residencia temporal, será prorrogada una sola vez.

En sede ambiental, v.gr., para algunos resulta inconcuso que los fallos de los tribunales especiales deben estar sujetos a revisión, pero el órgano que conozca de los recursos correspondientes debe responder y dar cuenta de la razón que estuvo detrás de la creación de estos.

Lo sucedido revela una clara deficiencia en nuestra legislación de protección de datos personales, y esta es que gran parte de la información fue primero publicada por medios de prensa, redes sociales; mientras que los bancos afectados informaron por Twitter, sus páginas web y correo a sus clientes de los ataques ocurrido