El primer motivo de rechazo consiste en los graves errores lingüísticos y conceptuales de los que adolece su Presentación y que son inadmisibles en la Constitución Política de un país civilizado.

Petro, luego de haber sido guerrillero del M-19, y de impulsar y firmar la desmovilización de la guerrilla, junto a los partidos Polo Democrático y Colombia Humana, se convierte en el primer presidente de izquierda en llegar al poder.

Todos estos postulados de la opción que promueve el rechazo reconocen la necesidad del cambio constitucional, y argumentan que el próximo plebiscito no es entre la Constitución de 1980 y el proyecto de nueva constitución. Sin embargo, yerran en dicha afirmación.

El 1 de octubre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció una sentencia en que se condena a Chile en el caso de Martina Vera Rojas. Esta columna dará cuenta de los hechos del caso y de las medidas de reparación ordenadas por el tribunal interamericano. Asimismo, se explicarán las principales aportaciones del fallo, el cual ha tenido poca difusión pese a su enorme relevancia.

Nos parece razonable el cambio de rumbo decidido por el actual Gobierno, en cuanto a firmar y someter a la aprobación del Congreso Nacional el Acuerdo de Escazú, para, finalmente, ser Estado parte en el tratado. Consideramos, ello sitúa en su debida importancia la temática relativa a la protección del medio ambiente, democratizándola.

Podemos afirmar que el “borrador” de Nueva Constitución es precisamente eso, un borrador independiente de algún ajuste que pueda hacerse en la Comisión de Armonización, y que claramente no es la Constitución que quiere Chile.

El desafío es enorme para todas las empresas, pues la ley ha incorporado los delitos informáticos como delitos por los cuales pueden responder las personas jurídicas, responsabilidad que puede llegar incluso a la disolución de la empresa, en caso de reincidencia.

Si bien el gobierno dejó sin efecto resolución (se cambiaba el nombre de la institución «Primera Dama» por el de “Gabinete Irina Karamanos”) aduciendo un “error administrativo”, este no debe mirarse como un simple error administrativo. Jurídicamente existió una inobservancia a la Constitución y a las leyes que rigen en nuestro Ordenamiento Jurídico, toda vez que afectaba principios fundamentales del Estado de Derecho, como el de competencia, principio de reserva legal y de juridicidad.

Pienso que esta comprensión de la relación entre sana crítica y verdad manifiesta una ingenuidad epistémica. Esa ingenuidad consiste en creer que es posible comparar enunciados lingüísticos con un trozo de realidad desnuda o no interpretada. En términos simples, la ingenuidad consiste en creer que el juez puede salirse del lenguaje.

la Misión destacó la elaboración por parte de la ONPE del “Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral “, aprobado el 8 de marzo de 2021. Este documento, subraya la Misión, incorporó una serie de medidas que buscaron garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de la ciudadanía trans, en igualdad de condiciones y libre de discriminación.

El Tribunal Tributario deja sin efecto infracción cursada a restaurante, consistente en multa y clausura al interpretar el SII erróneamente que una factura no puede llevar como glosa «Servicios de Alimentación».

El motivo concreto para la eliminación del “orden público” en el nuevo texto constitucional no resulta claro, pero no creo que nadie considere temerario sostener que para una mayoría de los convencionales, los hechos ocurridos con posterioridad al 18 de octubre de 2019 convirtieron a Carabineros de Chile y el resguardo del orden público en uno más de los terrores innombrables lovecraftianos. Se pierde, de esta manera, una oportunidad única para resignificar el concepto en un contexto de respeto a los derechos fundamentales o, fundada y expresamente, desecharlo en cuanto habilitación para el actuar policial, tal como se postula en otros países.

El principio de responsabilidad patrimonial del Estado sólo importa que éste, de la misma manera que cualquier agente del tráfico jurídico, puede ver comprometida su responsabilidad patrimonial por el daño que su actuar ocasione a una o más personas; en otras palabras, de ser aprobada la nueva Constitución, conforme a éste, el Estado a priori no tendría reconocidas (ni el Legislador podría reconocerle) márgenes o parcelas de irresponsabilidad.

Es valorable que el contenido del texto elaborado por la Convención Constitucional se refiera y aborde diversos asuntos vinculados y propios de la política exterior. Sin embargo, se observan omisiones y materias que dan poca certidumbre al emplear principios y conceptos no plenamente determinados como parte sustancial del contenido de una posible Constitución.

La Misión (observación electoral) reitera el criterio expuesto en 2020, sobre que la participación política es un derecho fundamental tutelado por las normas convencionales y la Constitución Política del Perú, razón por la que la exclusión de candidaturas tendría que ser la consecuencia última y aplicarse solo en casos auténticamente graves y debidamente demostrados.