Respecto a las tres Reconvenciones (Contrademandas) bolivianas, por cambio posterior en las posiciones de Bolivia, el reconocimiento de Chile de algunas de sus alegaciones, y por dejar de existir una real controversia, en dos de ellas, la Corte no se pronunció por falta de objeto, y rechazó la tercera. El fallo deja atrás, las declaraciones ofensivas del Ex Presidente Evo Morales, de que las “robábamos”, y otras acusaciones. En consecuencia, la Corte reconoce que Chile tiene derecho a la utilización equitativa y razonable de todo el sistema hidrográfico, no es un simple manantial de su exclusiva propiedad, y podemos continuar aprovechándolo como lo hacemos actualmente, sin indemnizaciones.

En Derecho Internacional público la Antártida es un estudio de caso. Al faltar el elemento central propio de los Estados (soberanía, también denominado jurisdicción) se hace imposible exigir a los mismos responsabilidad en la conservación de seres vivos antárticos sino al “Sistema Antártico”. El mismo ha respondido con un Protocolo (Madrid 1991) sobre el medio ambiente y antes tratados sobre la conservación de seres vivos marinos en el mar, así como de focas, todos de la década de 1980. La respuesta es principalmente mirando a los estudios sobre impacto ambiental.

El TC afirma que en el Informe Final se aprecia que se justifica la aplicación del tipo penal en que el PDLR “tendría la intención” de ceder salida al mar a Bolivia. De este modo, no se cumple con justificar en qué medida un eventual propósito o pensamiento personal, de ser el caso, puede suponer el inicio de la ejecución del delito de traición a la patria, sin que existan actos posteriores de materialización del hecho delictivo. El TC considera que, al no motivarse adecuadamente la procedencia de la acusación en este extremo, ello genera una amenaza de vulneración del derecho al debido proceso, en el escenario en el que se apruebe una eventual derivación de los actuados al Poder Judicial.

La jurisprudencia sobre las ocupaciones irregulares de terrenos particulares ha sufrido enormes variaciones en un período muy corto. Sentencias de protección sirven para ilustrar la inestabilidad de la jurisprudencia en torno a la aptitud de esta acción constitucional para resolver sobre dicha materia y a las medidas que puede o debe decretar el tribunal, en caso de estimarla. Tal variabilidad, si bien se manifiesta en decisiones del máximo tribunal, es causada -según se postula- por algunos problemas de diseño de la acción, la cual, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos, no tiene un ámbito de aplicación claramente definido, todo lo cual hace aconsejable su ajuste normativo.

Conocido los antecedentes generales del caso y, especialmente, las posturas de las partes en conflicto, es posible aseverar que se trata de un caso que generará importantes precedentes jurídicos, no sólo en Chile, sino que a nivel internacional, ya que la legislación en materia de propiedad industrial responde a cierta normativa que se ha ido estandarizando. Lo anterior, sumado al gran impacto que ha generado en la comunidad esta noticia, hace necesario entrar a explicar los principales alcances jurídicos del mismo, cómo también efectuar ciertos comentarios generales respecto a la defensa de cada parte y al actuar de las autoridades.

La pregunta que es loable plantearse ¿qué pasa cuando el transportista toma una decisión unilateral de anulación de pasaje comprado a causa de un error de publicación del precio?, pues bien, en la especie, aún no existe una jurisprudencia uniforme en la materia, y que a través de la presente columna pretenderemos proponer los razonamientos y argumentos más aceptable dentro de la disciplina consumeril.

La noción de “gatekeeper” se refiere a ciertas plataformas que actúan como interfaz de contacto entre business users (“usuarios empresa”) y end users (“usuarios finales”) y que deben contar con una posición que pueda ser considerada como establecida y durable. El status de gatekeeper de una compañía se determinaría a partir de ciertos parámetros cuantitativos (umbrales de ingresos, cantidad de usuarios finales activos mensuales, cantidad de usuarios empresa activos anuales).

El Presidente Pedro Castillo saludó la decisión de la OEA de activar la Carta Democrática Interamericana y llamó a un amplio diálogo para alcanzar un compromiso nacional por la estabilidad de la democracia en el Perú. Por el otro, diversas fuerzas de oposición han señalado que estamos ante una injerencia inaceptable en la soberanía peruana por parte de la OEA. Se trata, para muchos líderes de la oposición, de un recurso desesperado del Presidente Pedro Castillo por aferrarse al poder y eludir la acción de la justicia frente a los graves delitos de corrupción que se le imputan tanto a él como a su entorno más cercano.

En la actualidad, el extenso catálogo de materias, que actualmente conocen los juzgados de policía local, son temas contravencionales que llevan aparejadas las sanciones que cada tipo infraccional contempla, especialmente, multas, clausuras, comisos, etc. lo que, en dichas materias, la inclusión de procesos alternativos de resolución de conflictos resultaría incompatible con la naturaleza sancionatoria del procedimiento contravencional de la Ley Nro. 18.287, que valga recordar, ha sido el cauce natural desde la dictación de la Ley Nro. 6.827, e incluso antes.

Una primera novedad que representa entonces esta sentencia es que el tipo penal de Administración Desleal fue sometido al desarrollo de un juicio oral. Esto es, se llegó a una instancia en donde las partes pudieron expresar sus argumentos y mostrar sus pruebas, bajo el sistema de control que implica un juicio oral propiamente tal ante tres jueces.

De manera extraordinaria, esta nueva ley autoriza que la parte alimentaria solicite al tribunal de familia que por vía de interconexión consulte a la institución administradora de fondos de pensiones (AFP) en la que se encuentra afiliado el alimentante, de los saldos que éste mantiene en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, comunicando la prohibición de que el deudor cambie de AFP.

En momentos de incertidumbre cualquier solución propuesta parece un avance, lo cual es tremendamente peligroso si quienes la proponen son los encargados de dictar las leyes en nuestro país, más aún si existe un patente desconocimiento de la materia que desean legislar. Lo anterior se ve en el ejemplo que se estudiará sobre un proyecto de ley que entrega mayores facultades a las policías, pero que en la práctica podría generar incluso más riesgos y peligros a los funcionarios.

El temor que generó en los brasileños el discurso populista y autoritario del presidente Bolsonaro pudo más que las antipatías generadas por los escándalos de corrupción relacionados con el entorno más cercano a Lula durante sus dos primeros gobiernos. Con casi 700 mil muertos durante la pandemia, la pésima gestión de Bolsonaro le terminó pasando factura en las urnas. Conozca más factores que dieron el triunfo a Lula en esta columna.

El Coordinador Parental no lleva a cabo una mediación, aunque puede utilizar algunas de sus metodologías y técnicas, como también otras herramientas o estrategias de resolución de conflictos. Tampoco realiza psicoterapia, aunque en su ejercicio profesional desarrolla acciones psicoeducativas y otras técnicas de intervención psicológicas, tendientes a orientar, informar, sensibilizar, potenciar habilidades, y comprometer a los progenitores, otros familiares, abogados que asesoran a las partes, todo ello en bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes.

El columnista se pregunta si la Administración del Estado puede o no sancionar disciplinariamente a un funcionario público que ha incurrido –o participado- en una infidelidad matrimonial. Concluye que no, entre otras razones, porque, si pudiera hacerlo, contravendría la Constitución, en tanto “asegura a todas las personas”, incluidos los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos, el “respeto y protección de la vida privada” (artículo 19, Nº 4).