En un ejercicio de prognosis Constitucional, las chilenas y chilenos decidirán – en un proceso de dos etapas- por una enmienda, mediante la opción rechazo o no ratificando el referéndum de salida el proyecto de nueva Constitución, o por una revisión Constitucional, adhiriendo la opción apruebo y ratificando el proyecto del nuevo texto propuesto por la Convención –cualquiera de ellas -, derogándose el Decreto Supremo N° 100, configurándose una revisión destructiva si ocurre este útimo hecho.

La labor de generar una reglamentación coherente, que realmente cumpla el objetivo inicial sin efectos adversos, es un proceso que trasciende lo jurídico y que debe considerarse desde la decisión de legislar hasta la elaboración del articulado.

La ley exige que los instrumentos públicos de los órganos del Estado se firmen con criptografía asimétrica, con certificados o software de firmado electrónico o avanzadamente; tal opción, porque en el hecho no posee y nunca se genera lo que la ley llama «plena prueba» de lo firmado, nos sigue  pareciendo una opción legal equivocada.

Es necesario volver a hacer un llamado a actualizar con urgencia la ley 19.223, derogándola y publicando una normativa acorde a nuestros tiempos, no como el proyecto de ley que se encuentra durmiendo en el congreso desde el 2018, que se anunció con bombos y platillos, y que solo nos iguala a la convención de Budapest, que data del año 2001.

La doctrina de la jerarquización adelanta la decisión, sin tomar en consideración las condiciones que rodean la situación de contexto, en la medida en que determinada norma tendría prevalencia absoluta. La relación absoluta de prevalencia impediría la existencia de un conflicto de normas que sirve de justificación al método de ponderación.

Ad portas de un cambio constitucional, un debate necesario de realizar es el de cómo plantearemos el rol del Estado en la asignación y distribución de los recursos naturales.

Esta materia es sumamente relevante, en el momento actual para Chile, ya que debería ser tomada en consideración en el proceso de discusión constituyente al momento de evaluar los contenidos de la Nueva Constitución.

El Convenio es prudente en el caso de asignación de recursos públicos ya que dice que el Estado Parte debe (6ºc) «establecer los medios necesarios para el pleno desarrollo e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin».

La Constitución al no establecer un plazo al órgano constitucional para que adopte su Reglamento, podría conllevar a que el proceso constituyente chileno presente los mismos problemas de los países vecinos.

El éxito en esta carrera presidencial no radica necesariamente en el contenido de cada propuesta, sino más bien en la capacidad de uno u otro candidato para persuadir a un receptor específico -en este caso los votantes indecisos de los llamados swing o battleground states- de que el relato propuesto recoge sus propias prioridades.

Hoy un abogado constitucionalista no puede permitirse no tener una opinión sobre el espacio que le corresponde al animal no humano en el orden constitucional chileno.

En los últimos años, hemos visto como Chile ha cambiado, y nuestro Colegio no ha estado ajeno a esas transformaciones, pero lo hemos hecho sin olvidar nuestro pasado e historia, con la mirada puesta hacia adelante, hacia el futuro de nuestra profesión.

Si los padres no pueden pagar el tratamiento ¿debe financiarlo el Estado? La Administración sostiene que no es su deber. Los tribunales piensan distinto.

El presente trabajo tiene por objeto analizar las limitaciones establecidas a los derechos humanos fundamentales desde la perspectiva de su convencionalidad a la luz de los instrumentos internacionales que los reconocen.

Esta desesperada lucha contra el Covid-19 ha hecho olvidar a los estados victimados, la evidente responsabilidad de sus creadores y difusores, cobardemente ocultos hasta ahora en el anonimato.