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Martes, 7 de julio de 2020
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Artículos
Sobre la transformación digital del Procedimiento Administrativo en Chile. Principios Generales.
Ahora será obligatorio el uso -genéricamente- "de plataformas electrónicas", y que los órganos de la Administración estarán obligados a disponerlas y usarlas adecuadamente para efectos de llevar expedientes electrónicos, las que deberán cumplir -es imperativo- con estándares de "seguridad", "interoperabilidad", "interconexión" y "ciberseguridad".
En recuerdo de don Jorge Tapia Valdés (1935-2020).
En el ámbito público, destaca su labor como asesor del Senado durante 18 años, y como Secretario de la Comisión de Constitución y Justicia de dicha cámara entre 1969 y 1972. A continuación, fue Ministro de Educación y de Justicia bajo el gobierno del ex Presidente Salvador Allende en 1972 y 1973.
Nada menos esencial.
Ahora la discusión en Chile ha ido más allá: no basta con conocer los rubros que la autoridad ha estimado esenciales, sino que también se ha vuelto necesario conocer los bienes que en detalle se ofrecen al mercado. Sólo así, se ha dicho, se podrá saber quiénes, bajo la pantalla de lo esencial, en realidad se están dedicando a lo no esencial.
El mundo no se detiene.
Las propias relaciones internacionales, deberían estar menos aceleradas e intensas actualmente, dadas las urgencias de la salud. Tampoco es así, y prosiguen situaciones exteriores como si todo fuere normal, y algunos se han aprovechado de la emergencia, para consolidar posiciones y superar a otros.
Alcances de la vulneración al principio de ajenidad de los riesgos y Ley N° 21.227.
La vulneración de principios que erigen una rama del Derecho se presenta como una puerta abierta a toda clase de incertezas jurídicas en donde por excepcionalísima que se constituye una situación, lo único que no debería verse vulnerado son los principios que la sustentan como tal.
Haciendo doble clic al anhelo de una tercera Corte de Apelaciones en Santiago.
Creemos, por ejemplo, que la corte debiera prever el aumento de causas en materia de consumidor, las que, probablemente, tomen mayor importancia en la vida jurídica.
Datos de sanidad pública, pandemia y actividad científica.
La negativa de entregar a la comunidad científica datos de salud, desagregados y anonimizados, sobre la evolución del COVID-19, afecta la actividad científica y a la sociedad toda, que es la destinataria final de esta actividad.
Direcciones IP: acerca de los Derechos Fundamentales "arrendados".
Las dIP son una especie de dato personal que hace identificable a una persona pero sin que a ella le pertenezca en propiedad, constituyendo sólo un mero tenedor que la alquila durante el arriendo que ha suscrito y pagado con el ISP.
Estados Unidos y las protestas.
Demuestran claros excesos en la contención de ilícitos por policías locales y estatales, debido a que las reglamentaciones no están unificadas, y difieren en cada Estado, aun entre Condados, donde la dureza en los arrestos para impedir fugas, los producen. Sólo las agencias federales, actúan bajo una sola autoridad.
Fraudes bancarios y modificación a programas de cumplimiento en materias de consumo financiero.
La entrada en vigor de la Ley que limita la responsabilidad de titulares y usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas (Ley 21.234 o Ley), entrega una nueva protección a los consumidores estableciendo un régimen de responsabilidad objetiva de los emisores o prestadores de dichos servicios y obligándolos a adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios a los usuarios.
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