Una propiedad estatal del recurso no necesariamente solucionaría todas las omisiones que la actual regulación contiene. Además, estatizar las aguas, inevitablemente, nos conduciría a discutir la necesidad o no de indemnizar a los actuales titulares de los derechos de aprovechamiento.
La teoría clásica del servicio público solo puede comprenderse cabalmente si se advierte que el carácter jurídico y políticamente determinante de las actividades que se elevan a la categoría de servicio público es la reserva estatal.
Actos como el de “ocupar o asaltar” violentamente las instalaciones del Capitolio, evidencia que hay un grupo de ciudadanos que no entienden el privilegio de contar con un órgano legislativo democrático.
Actualmente los litigantes, en especial la parte reclamante, debe crear su teoría del caso sustentándola en la mayor cantidad de medios probatorios posibles para que el tribunal llegue a la convicción acogiendo el reclamo tributario y por ende, las pretensiones del contribuyente.
Tenemos una vacuna adquirida apresuradamente, sin un respaldo científico concluyente de efectividad y sin contar con el almacenamiento apropiado para conservar su completa efectividad.
El acceso a las vacunas para enfrentar la pandemia Covid-19, desarrollada por diferentes laboratorios y cuya gratuidad sólo puede ser posible cuando es proporcionada por el Estado, desde el punto de vista de los derechos humanos, es posible a la libertad de investigación científica y al derecho a gozar de los beneficios de la ciencia, cuya consagración internacional se analiza.
El reconocimiento conceptual y jurídico de la Nación Mapuche por un tribunal de la República, a través de esta sentencia, da un paso que constituye un avance importante en este nuevo orden constitucional y político que parece vislumbrarse en nuestro país.
Aún persisten problemas en torno al debido proceso con motivo de la expulsión administrativa por ingreso clandestino de extranjeros. Si bien el proyecto de ley sobre Migración y Extranjería (Boletín Nº8.970-06) mejora esta circunstancia, mantiene aspectos que otorgan excesiva discrecionalidad a la autoridad como es el caso de la reembración o reconducción de las personas extranjeras.
La noticia del acuerdo suscrito entre SERNAC y LATAM –cuya aprobación está pendiente ante el 14º Juzgado Civil de Santiago (Rol V-283-2020)– nos enfrenta nuevamente a un conflicto en el que se superponen las atribuciones de diferentes autoridades involucradas.
En el tablero de juegos mundiales, la minúscula bacteria ha trastocado todo, y a veces, de manera definitiva. Se ha debido confrontar lo desconocido, improvisar, errar, acertar, o aplicar medidas correctivas, también a ciegas, mientras la población exige resultados inmediatos y definitivos.
Doctrinas modernas descartan la Nacionalidad, basándose principalmente en que existen personas apátridas, aquellas que no son reconocidas por ningún país como ciudadanos o ciudadanas. Lamentablemente este es un hecho real, donde la ciencia jurídica avanza lentamente.
Como se puede observar en este análisis, el año 2020 tuvo acontecimientos relevantes para la vida republicana, pero también conflictos internos entre autoridades del Estado. Esos episodios lo hacen un año caracterizado por lo Constitucional.
Encontramos diversas manifestaciones, que van desde la tradicional justicia de paz, el reconocimiento de justicia de pequeñas causas, modelos con adscripción a sistemas judiciales formales otros informales, hasta la inserción de justicia vecinal, justicia barrial, multipuertas, etc.
La norma del artículo 1 Nº1 de la Ley Nº21.039 publicada con fecha 20 de octubre de 2017, que pretendía otorgar competencia a los Tribunales Tributarios y Aduaneros para conocer la acción de nulidad de derecho público de los actos administrativos del Servicio de Impuestos Internos (SII), constituye uno de los errores legales más notorios en la actualidad.
Podría eventualmente acontecer, que ninguno de los candidatos, tanto a Presidente como a Vicepresidente, obtengan la mayoría necesaria para ser elegidos en dichos cargos.
