En el Derecho Administrativo la forma en que se adoptan las decisiones también repercute en el fondo de lo decidido. ¿Es verdaderamente irrelevante la forma que adoptan los actos administrativos? ¿Es meramente “testimonial” que los suscriba una autoridad incompetente? A continuación, se analizará una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia a propósito de la facultad legal de paralizar obras de urbanización, en el marco de subdivisiones rurales al amparo del DL 3.516.

La Contraloría General de la República, a través del dictamen Nº 24.731-2019 reconsideró su jurisprudencia administrativa histórica sobre esta materia, y estableció que ahora cabía aplicar supletoriamente, como Derecho Común, ya no el Código Penal (6 meses), sino que el Código Civil (5 años). Y así alineó su jurisprudencia administrativa con la reciente jurisprudencia judicial de la Corte Suprema.

95 años de historia, más de 1200 mártires y un sinfín de procedimientos policiales que han apoyado a la historia republicana de Chile desaparecen lentamente ante los ojos del país. ¿Era una petición ciudadana eliminar el carácter natural de Carabineros de Chile?

La experiencia comparada en Colombia o Chile nos muestra que sí es posible contar con dispositivos constitucionales que hagan posible la convocatoria pacífica al Poder Constituyente. Afirmar lo contrario equivale a decir que el poder soberano que emana del pueblo, según lo establece el artículo 45 de la Constitución, no reside en la ciudanía sino -y de manera impertérrita- en las 80 personas (apenas 7 mujeres) que como miembros del Congreso Constituyente Democrático redactaron la Constitución de 1993 hace 29 años.

En la regulación analizada se incurre en una impropiedad, por cuanto exceptúa de la titularidad del derecho de propiedad sobre los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, lo cual, en términos estrictamente jurídicos, es una limitación para adquirir el dominio de tales bienes, tal y como aparece actualmente prescrito en el artículo 19 N° 23 de la Carta Fundamental.

A partir de un comentario sobre una reciente jurisprudencia administrativa, la presente columna analiza los mecanismos que facilitarían el entendimiento e interpretación del concepto de remuneraciones contenido en el Código del Trabajo, en sentido colaborativo con las instituciones de la materia y en armonía con los principios esenciales que informan dicha disciplina, con el objeto final de determinar si las remuneraciones deben entenderse de manera general o restrictiva.

Más allá de las diferencias originadas por los contextos y los flujos migratorios, las fronteras y las alegaciones respecto a su normativa, pueden tener más similitudes que diferencias y la ´devolución en caliente´ es una clara muestra de ello. En esta columna analizamos casos de Chile y España a la luz de la importancia de cumplir estándares nacionales e internacionales.

La vigilancia puede poner al descubierto la información recopilada por los periodistas, incluida la de los denunciantes, y viola el principio de protección de las fuentes, que se considera universalmente un requisito previo para la libertad de los medios de comunicación y está consagrado en las resoluciones de la ONU. También puede perjudicar la seguridad de los periodistas al revelar información privada sensible que podría ser utilizada para acosarlos judicialmente y/o atacarlos arbitrariamente

Occidente ha puesto en marcha diversas acciones, desde las sanciones económicas, comerciales, financieras, bancarias, y tantas otras menos llamativas, pero que en conjunto, han creado una barrera que, poco a poco, comienza a poner fin a la globalización de la que Rusia a usufructuado por más de veinte años. No son medidas de fácil implementación, ni producen efectos inmediatos, si bien, finalmente sus resultados le serán contrarios y sumamente perjudiciales, por largo tiempo.

Por tratarse de un caso (Barbosa de Souza y otros vs. Brasil) relativo a la muerte violenta de una mujer, lo cual evidentemente no está relacionado con el ejercicio de las funciones de un diputado, la posibilidad del uso político de la acción penal debió haber sido analizada con aún más detenimiento y cautela.

En este contexto y estando en juego el Derecho del artículo 19 N°4 de la Constitución, la opción que los acreedores de cualquier naturaleza deban eliminar acreencias de sus propias bases de datos se percibe desproporcionada, injustificada y por cierto inconstitucional.

Podríamos llegar a sostener que dentro de la idea de “bien común», se encuentran subsumidos los conceptos de inclusión, diversidad y tolerancia, los que se hallan íntimamente imbricados. En nuestro actual contexto institucional, es posible advertir que el trabajo desarrollado por la Convención Constituyente ha avanzado decididamente sobre estos aspectos.

Este día que conmemora mundialmente a la Propiedad Intelectual resulta ser una oportunidad grandiosa para concientizar sobre su importancia para todos, en cuanto a nuestra capacidad de crear y en cuanto a los adelantos del saber que propician el crecimiento de nuestra sociedad.

La consagración explícita del acceso a los beneficios y a los progresos de la ciencia en la Constitución se justifica, por la importancia de la ciencia en el desarrollo del país y, por el papel que cumple este derecho en la realización de otros derechos fundamentales, como el derecho a la protección de la salud, el derecho al agua y el derecho a la educación, entre otros, dada la interdependencia entre ellos.

El programa enfatiza que el territorio de Chile se encuentra habitado por “diversas naciones y pueblos” por lo que el país “debe reconocer su plurinacionalidad, avanzando hacia el horizonte de la interculturalidad, asegurando el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación, a la integridad cultural y lingüística, sin sometimiento ni asimilación forzada”.