La requirente considera que la aplicación de la preceptiva impugnada vulnera las garantías de la igualdad ante la ley, del racional y justo procedimiento y del contenido esencial de los derechos.
por contener normas propias de ley orgánica constitucional. En efecto, los artículos 18 y 19, por una parte entregan el conocimiento de las infracciones a las obligaciones que impone a la ley al correspondiente juzgado de policía local y, por otra, crean una serie de sanciones administrativas.
fue aprobado en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental; que, a su respecto, no se ha suscitado cuestión de constitucionalidad, y que previamente se oyó a la Corte Suprema, el fallo concluye declarando el precepto orgánico y constitucional.
«quienes estuvieron por no admitir a tramitación el presente requerimiento, por estimar que el mismo no contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado una infracción constitucional. En consecuencia, arguyeron, la acción deducida no da cumplimiento a las exigencias del artículo 80 de la LOCTC para ser acogida a tramitación».
«quienes estuvieron por declarar inadmisible el presente requerimiento, toda vez que en el mismo se plantea una cuestión de mera legalidad, consistente en determinar si las conductas de la actora se encuadran o no en los ilícitos contenidos en el artículo 39 de la Ley General de Bancos, asunto que es de competencia privativa del juez de fondo. En consecuencia, la acción deducida carece de fundamento plausible, concurriendo a su respecto la causal de inadmisibilidad contemplada en el N° 6° del artículo 84 de la LOCTC».
«quienes estuvieron por no admitir a tramitación el requerimiento por estimar que no se ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por resolución de fecha 6 de diciembre pasado, al no haberse acompañado todos los antecedentes requeridos y ofrecidos por los requirentes. La sujeción a dicha resolución, arguyen, debe ser estricta, porque no lo hicieron con ocasión de la presentación del requerimiento».
«estiman que estas normas son discriminatorias en contra de los pueblos originarios, en particular contra los mapuches Lafquenches, atendido que durante la tramitación de este proyecto no se respetó el deber de consulta y de protección de los derechos de estos pueblos, al negar los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y garantizar derechos históricos de las empresas pesqueras, y el respeto a la relación de los pueblos originarios con sus tierras o territorios, en contra de lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)»
«los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas están sometidos a la soberanía del Estado de Chile, y señala que un 50 por ciento de las cuotas de pesca se distribuirán de acuerdo a los derechos históricos, mientras que el otro 50 por ciento será entregado mediante licitaciones».
La gestión pendiente invocada incide en autos sobre indemnización de perjuicios seguidos ante el 2° Juzgado de Letras de Calama, que acogió parcialmente la acción, en actual apelación para ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
«quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, por estimar que concurre en la especie la causal prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC, al no resultar decisivos en la gestión pendiente los preceptos impugnados».
