El requirente alega que se le obliga a relevar información que no es pública, conforme al texto constitucional, vulnerando su derecho a realizar cualquier actividad económica.
El requirente alega que se le imposibilita controvertir la falta de fundamentos de una sentencia, vulnerando sus garantías al debido proceso e igualdad ante la ley.
Las normas objetadas no resultan decisivas para acoger la solicitud de la requirente, desde que la Magistratura Constitucional no se encuentra facultada para pronunciarse sobre la interpretación que de la preceptiva legal objetada hace el juez de fondo.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado, en el procedimiento penal, vulnera garantías constitucionales.
El requirente alega que se le sanciona dos veces por el mismo hecho, lo que infringe los principios de non bis in ídem y de proporcionalidad.
Atendido al estado procesal de la gestión pendiente, no se observan vulneraciones actuales a las garantías constitucionales del requirente.
El requirente alega que el precepto impugnado transgrede su derecho a impugnar las decisiones de los tribunales.
Las declaratorias de utilidad pública constituyen herramientas indispensables para la planificación del territorio urbano.
El requirente alega que el precepto impugnado, al prescindir de los requisitos que deben contener las sentencias que sí se exigen en otros procedimientos, produce efectos inconstitucionales.
Existe un estrecho vínculo entre el derecho a la identidad personal y la dignidad humana. Esta solo se afirma cuando la persona goza de la seguridad de conocer su origen y, sobre esa base, puede aspirar a ser reconocida como tal dentro de la sociedad.
