Normas que impiden alegar el abandono del procedimiento en materia laboral y que sancionan la nulidad del despido, se solicita al Tribunal Constitucional las declare inaplicable.
El requirente estima que vulneran sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, proporcionalidad de las sanciones, derecho de propiedad y seguridad jurídica.