La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
La decisión fue acordada con votos disidentes y prevenciones particulares de los Ministros, respecto de algunas de las disposiciones sometidas al control preventivo.
La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza laboral, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago, por recurso de apelación.
El requerimiento arguye que se infringe la iniciativa exclusiva legislativa del Presidente de la República consagrados en los artículos 65 incisos tercero y cuarto N°1 y 6, toda vez que se crea una nueva regla de iniciativa legislativa a los parlamentarios en materia de administración financiera y presupuestaria del Estado.
El TC refiere extensamente a sus decisiones anteriores, en sede de inaplicabilidad, respecto del artículo 2331, ya que según los antecedentes del caso y planteamientos del requerimiento no existen motivos que justifiquen resolver el conflicto de manera diversa.
La gestión pendiente incide en autos sobre cumplimiento laboral seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de dicha ciudad, por recurso de apelación.
La gestión pendiente incide en demanda civil de indemnización de perjuicios, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de Osorno, fundada en el corte de suministro de agua potable que afectó a la ciudad de Osorno el 10 de julio de 2019, consecuencia de un incidente operacional.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
La Magistratura Constitucional considera que la aplicación de las normas cuestionadas infringe el debido proceso, ya que la Ley N° 19.886 no contempla una oportunidad en que el afectado pueda discutir, ante los tribunales laborales, la procedencia o bien la duración de la pena de inhabilitación.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
