En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que en el requerimiento impetrado no existe una gestión judicial pendiente en tramitación.

El máximo Tribunal brasileño adujo que la legislación que regula el procedimiento para la destitución de alcaldes no prevé la celebración de sesiones sin la presencia de público.

Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la Sala de Casación Laboral no analizó el fondo de todos los cargos contenidos en la demanda.

La Magistratura constitucional sostuvo que no puede entonces emitir pronunciamiento al respecto, pues de lo contrario, podría substituirse al Tribunal del fondo y con ello irrespetar los límites funcionales a los que se encuentra sujeta.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

La Magistratura constitucional ordenó retrotraer las actuaciones al momento anterior al de la sentencia anulada, para que el órgano judicial pronuncie nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El máximo Tribunal brasileño adujo que no es admisible que una decisión judicial, por buena que sea la intención de dictarla, sustituya el criterio de conveniencia y oportunidad que rigen los actos de la administración pública.

La Magistratura constitucional adujo que destinar tales fondos a otros propósitos desvirtúa la finalidad que persigue la seguridad social, ya que en los beneficios que otorga un sistema de seguridad social hay un interés general comprometido.