En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Segunda Sala adujo que la requirente no ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por esta Sala, razón por la cual, atendido el tiempo transcurrido, corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en el inciso segundo del artículo 82 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura.
El STF expuso que prevaleció el entendimiento de que la tutela judicial de la libertad religiosa prevista en la Constitución Federal y la fijación de beneficios o criterios alternativos cuando se alegue una excusa de conciencia es necesaria y obligatoria, siempre que no atente contra la igualdad de competencia.
La decisión fue acordada con la prevención de la Ministra Brahm y de los Ministros Letelier, Aróstica, Romero, Vásquez y Pica.
La Magistratura Constitucional señala que en ámbito específico del medio de impugnación que el precepto impugnado excluye, se ha sostenido que la protección del derecho al recurso no debe asimilarse a ultranza a la segunda instancia
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La tutela fue presentada por el comandante de la Brigada al considerar que se afectó el buen nombre y honra de la unidad militar con la publicación de ocho comunicados en la página web de dicha comunidad, en los que se afirmaba que los uniformados desarrollaban sus labores en complicidad con organizaciones paramilitares.
La gestión pendiente incide en autos sobre el recurso de casación en el fondo, seguido ante la Corte Suprema.
La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza laboral, seguidos ante el Juzgado de Letras de Ancud, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por recurso de apelación.
La Magistratura colombiana adujo que, es cierto que los establecimientos carcelarios tienen la facultad legítima y la obligación de practicar requisas con el fin de salvaguardar la seguridad y el orden interno. Sin embargo, esta obligación no conlleva la posibilidad de someter a las personas privadas de la libertad y a los visitantes a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
