El TC reiteró que la acción de inaplicabilidad tiene por objeto examinar si la aplicación de un precepto legal en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial resulta contraria a la Constitución, lo que exige que se dirija en contra de normas precisas de jerarquía legal, concernidas en una gestión jurisdiccional y que eventualmente puedan violentar alguna norma constitucional,

El requerimiento se funda en que la aplicación de los artículos 5 Nº3, 10, 11, 70–A, 405, 421 y 426 del CJM vulnera, a lo menos, los artículos 5º, inciso segundo, 19 Nºs 2 y 3, y 76 de la Constitución y diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Se solicitó declarar inaplicable la letra m) del artículo 6º del Capítulo II de la Ordenanza Local de Publicidad y Propaganda de la Comuna de Las Condes, contenida en un Decreto Alcaldicio, en relación a una causa que se sigue ante un Juzgado de Policía Local y que se encuentra sometida al conocimiento de la Corte Suprema por la vía de un recurso de queja.

La norma objetada impone una prohibición relativa al patrocinio o a la actuación como apoderado o mandatario de imputados por delitos de esa especie, pero solo respecto de algunos abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados, a cualquier título, en la Administración del Estado.

El Tribunal no acogió a tramitación el requerimiento, sin embargo le otorgó plazo al actor para subsanar los defectos de que estimó adolecía.

Se aduce, asimismo, que las actuaciones impugnadas, desarrolladas por los aludidos órganos del Estado, se derivarían de una interpretación “abusiva” que éstos realizan respecto de sus atribuciones legales y afectarían a diversos procesos de cobro de impuestos, tanto administrativos como judiciales, que siguen en contra de su representada, por sí y como representante legal de sus empresas.

Se solicitó declarar inaplicable el inciso sexto del artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas en relación a una causa seguida ante un Juzgado del Crimen por el delito de contrabando, en sede apelación ante la Corte de Santiago.

El precepto impugnado resultaría contrario a la prohibición de prisión por deudas establecida en diversos tratados internacionales y al principio de igualdad. Se afirma que la sustitución del pago de la multa por reclusión no tiene como antecedente el delito por el que se condena, sino que constituye simplemente una pena.

El requerimiento incide en una causa seguida ante un Juzgado de Garantía por los delitos de cohecho y de obstrucción a la investigación, iniciada por denuncia del requirente en contra de dos fiscales adjuntos del Ministerio Público, en la que se decretó el sobreseimiento definitivo, sentencia que fue apelada.

No obstante que el requirente acreditó ser parte en la gestión judicial y que ella se encuentra pendiente, se dispuso que previo a resolver sobre su admisibilidad el Secretario certificara el estado de la causa en que incide.