Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la Corte Suprema incurrió en una violación directa de la Constitución, por desconocimiento del derecho a impugnar la sentencia condenatoria, y a la norma que incorporó en Colombia la figura del bloque de constitucionalidad.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.
La gestión pendiente incide en autos por recurso de ilegalidad, de que conoce la Corte de Puerto Montt.
El máximo Tribunal brasileño adujo que no está justificado invocar la primacía del Estado Federal sobre los estados, con fines de expropiación con carácter de confiscación.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana sostuvo que se vulneraron los derechos al debido proceso administrativo y a la seguridad social del accionante.
La Magistratura constitucional adujo que no basta, conforme al estándar constitucionalmente requerido en esta materia, acreditar que la cédula se entregó o se dejó en el inmueble gravado con el impuesto territorial.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, no da cumplimiento a la exigencia constitucional y legal de encontrarse razonablemente fundada.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la norma demandada no sustituye la Constitución Política, en la medida en que la propia reforma establece los límites, cautelas y prohibiciones bajo los cuales dicho control debe ejercerse.
