Es atribución del TC, “Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley”, lo que podrá ser planteado por el Presidente de la República, por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, en los plazos y en las hipótesis que en esa disposición se regulan.

El TC se pregunta si puede volverse a accionar para reiterar que los preceptos legales eventualmente aplicables por los jueces del fondo adolecerían de los mismos vicios de inconstitucionalidad que se habían hecho valer en un anterior requerimiento por la misma parte, en idéntica gestión judicial y con iguales fundamentos, declarado inadmisible por sentencia firme.

La acción no fue acogida a trámite al verificar el TC que la gestión en la cual incide el requerimiento se encuentra afinada por haberse dictado en ella sentencia definitiva ejecutoriada y no existir ya una gestión pendiente.

Agrega que aquél es un trámite esencial para la validez constitucional de esta ley orgánica, y que cuando la Constitución señala que la Corte Suprema debe ser oída previamente, ello supone que se efectúe la consulta durante la discusión de la ley en el Congreso Nacional si el mensaje o moción se hubiere presentado sin su opinión y siempre con anterioridad a la aprobación de la misma.

La norma impugnada establece, en relación a la oportunidad procesal en que se puede acompañar la prueba documental, que “los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta la vista de la causa en segunda instancia”.

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional el artículo 365 del Código Penal, en relación a una causa seguida ante un TOP de Viña del Mar.

Admite que en este caso existe una contienda de competencia de aquellas que le corresponde dirimir, desde el momento que un tribunal inferior de justicia (TF) y una autoridad administrativa (MP) mantienen discrepancia acerca de cuál de ellos debe ejercer sus funciones frente a la existencia de hechos que pueden importar la comisión de delitos.

El Tribunal insiste que el control de cada una de estas condiciones y limitaciones no queda entregado a la sola determinación de la autoridad regional, desde que se puede reclamar ante los Tribunales Ordinarios, que es precisamente lo sometido al control y revisión ante el juez de la gestión pendiente.

Los Ministros Bertelsen y Correa concurrieron a lo resuelto en base a otros fundamentos, pero observan que la acción de inaplicabilidad no es un modo de corregir actos jurisdiccionales en que se haga una aplicación incorrecta o indebida de un precepto legal, aunque de ello resulte una infracción a una garantía constitucional.

Reconociendo que los bomberos son fundamentales para el país, la Asociación de Aseguradoras reclama que debe haber una solución de parte del Gobierno para que bomberos tengan una sistema previsional moderno y de acuerdo a sus necesidades que cubra las contingencias que enfrenten.