La sentencia del Tribunal Constitucional, además de examinar las garantías y conceptos constitucionales involucrados, sostiene que “… el sólo hecho que el apremio esté justificado en el orden público económico frente a vulneraciones contrarias a la libre competencia permite desechar (…) la presunta afectación de la garantía de la igualdad ante la ley”.

El requirente alega que el precepto impugnado transgrede el principio de proporcionalidad de las penas y la igualdad ante la ley.

El requirente alegó que el precepto legal no cumplía con los parámetros constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso, en relación con el derecho al recurso.

El requirente alega la imposibilidad controvertir la falta de fundamentos de una sentencia, lo que vulnera sus garantías constitucionales.

El precepto legal impugnado no garantiza un procedimiento racional y justo y no se condice con la garantía del debido proceso.

El requirente alegó que el precepto legal infringía el principio de confianza legitima, además de los derechos a la vivienda y a la integridad de los habitantes de la comuna.

Para el Tribunal Constitucional resulta fundamental distinguir entre tipos penales, ya que el investigado en la gestión pendiente es de aquellos que sólo puede ser cometido por un militar, en abuso de su cargo.

La ruptura del principio de inocencia, demostrando el proceder doloso de los imputados mediante los medios probatorios pertinentes corresponde al que sostiene la acción penal privada, esto es, al querellante.

Su aplicación no infringe las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso como reclamabas las requirentes.

El requerimiento de inaplicabilidad fue rechazado con empate de votos. El voto de la Presidenta no dirime el empate en estos casos.