De aceptarse la tesis contraria, concluye al requerimiento, se establecería un precedente absolutamente reñido con el régimen presidencial contemplado en nuestro ordenamiento constitucional.
Ésta sostiene que el único caso en que tendría sentido la prohibición de reformatio en peius, es en el segundo juicio actualmente en tramitación, pues, arguye, nunca la resolución que acoja un recurso de nulidad implicará, ante la Corte, una posibilidad de reforma en perjuicio, ya que ésta no puede dictar sentencia de reemplazo.
«La requirente sostiene que de aplicársele la norma impugnada se lesionarán –entre otros derechos constitucionales- su igualdad ante la ley, la igual repartición de las cargas públicas, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la no discriminación arbitraria en el trato que deben otorgar el Estado y sus organismos en materia económica, la reserva legal y el derecho de propiedad…»
En tal sentido observa que la publicidad y la transparencia no son términos idénticos, puesto que la publicidad “se configura más bien como una obligación de los órganos del Estado, ligada al imperativo de dar a conocer sus actos decisorios”, mientras que la transparencia “se vincula a los procedimientos, contenidos y fundamentos de estos actos, tema que se asocia al derecho de las personas a ser informadas”.
La gestión pendiente invocada incide en un juicio criminal seguido ante el Tribunal de Garantía de Graneros mediante el cual se pretende hacer efectiva la responsabilidad penal del requirente por infracción a las normas impugnadas.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso segundo del artículo 115 del Código Procesal Penal, que dispone “La resolución que admitiere a tramitación la querella será inapelable”. La gestión pendiente invocada incide en un juicio criminal seguido ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el que dictó una resolución que declaró admisible […]
La gestión pendiente invocada incide en un recurso de nulidad en materia laboral que actualmente conoce la Corte de Apelaciones de San Miguel, mediante el cual se pretende anular una sentencia dictada por el Juzgado del Trabajo de San Bernardo.
Lo anterior, por cuanto estima que las citadas disposiciones legales podrían resultar decisivas en la gestión judicial que se encuentra pendiente, que es sólo el cumplimiento de la sentencia definitiva de uno de los procesos laborales seguidos ante el Juzgado de Letras de Rancagua y que, a su respecto, la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada.
La gestión pendiente invocada incide en un juicio ordinario seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual se demandó la nulidad de derecho público de una resolución exenta -que basada en las normas impugnadas- declaró la vacancia del cargo respecto de un funcionario por salud irrecuperable o incompatible para desempeñarlo.
Para ello citó a una audiencia pública que se celebraría el mismo día de la vista de la causa y con anterioridad a ésta, esto es, el día 21 de junio de 2011. Sin embargo, atendido el alto nuecero de solicitudes que ingresaron a la Secretaría del Tribunal -108 presentaciones escritas-, de las cuales 46 solicitaron ser oídas en la audiencia pública, la Magistratura Constitucional acordó que la referida audiencia se inicie el día de hoy.
