El conflicto que debe ser resuelto por la judicatura civil competente. Se trata de un asunto de mera legalidad.
La decisión administrativa que omite oír al afectado antes de decretar el auxilio de la fuerza pública no es justa ni racional.
La norma impugnada no permite a la requirente participar en un concurso para llenar un cargo de empleado judicial, vulnerando la obligación estatal de asegurar la igualdad de oportunidades.
Los requirentes habrían promovido y perdido dos incidentes en el mismo juicio.
La norma objetada carece de parámetros que permitan determinar cuándo se está ante el incremento patrimonial “relevante” e “injustificado” al que se refiere, y prescinde además en términos absolutos de la descripción de conductas concretas.
El decretar el embargo sobre los fondos que percibe como sostenedora de la escuela, solo tendería a generar un caos económico y la imposibilidad de la continuidad del servicio educación que esta presta a la sociedad.
Se transgrede el principio de servicialidad, por cuanto los efectos que la sanción produciría sobre terceros debilitarían la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales, con afectación de los derechos fundamentales de esos terceros.
Se infringiría el debido proceso, específicamente el principio de tipicidad.
Los artículos objetados obligan a tratar la información que la Isapre ha puesto en conocimiento de la Superintendencia de Salud, de manera extraordinaria, como si la misma fuese pública.
No existe gestión judicial pendiente.
