En relación a los tratados internacionales, se decidió, en votación dividida, que la impugnación –en sede de una acción de inaplicabilidad- de normas contenidas en tratados internacionales es procedente.

La sentencia plantea que se deben conciliar los derechos comprometidos, lo que exige que el intérprete pondere los bienes y derechos en conflicto a fin de armonizarlos y sólo en caso de no ser ello posible dé prevalencia a uno sobre los otros para impedir el sacrificio total de cualquier principio, derecho o bien constitucional.

La norma cuestionada establece que “Sólo las partes mayores de edad y libres administradoras de sus bienes podrán dar a los árbitros el carácter de arbitradores”.

Puntualizan que el bien jurídico protegido por el ilícito en cuestión no es la propiedad en sí, sino el ejercicio de las facultades que derivan del derecho de aprovechamiento de aguas sobre el constitucionalmente se garantiza dominio.

«Las penas que establece el artículo 239 impugnado no son alternativas y el carácter de aflictiva que reviste ha sido definido por el legislador dentro de su legítima discrecionalidad: depende de un juicio de oportunidad o de conveniencia propio de la política criminal».

El TC no acogió a tramite la impugnación al observar que el requerimiento deducido, en el hecho, importa un recurso que intenta dejar sin efecto una sentencia interlocutoria que había declarado inadmisible una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada con anterioridad que fue declarada inadmisible. La sentencia razona que en esta oportunidad se impugna el […]

«Tal asunto –dice el fallo- no es de aquellos que le corresponde conocer y resolver al TC en sede de una acción de inaplicabilidad, pues lo denunciado es una colisión de normas que se produciría no con un precepto determinado de la Carta Fundamental, sino entre los preceptos del Código Civil que se reprochan y las disposiciones de los tratados internacionales que se invocan…»

La acción de inaplicabilidad sólo está llamada a pronunciarse en caso que la afectación de la Constitución se produzca en razón de la aplicación de lo dispuesto en un precepto legal.

La acción no fue acogida a tramitación luego de certificarse que el recurso de casación en la forma y en el fondo había sido fallado por el máximo Tribunal y que la reconsideración presentada  por el recurrente fue desestimada por improcedente. No cumplía entonces con el requisito de que la gestión en la cual incide […]

La Cámara de Diputados sometió al control preventivo y obligatorio del TC el proyecto de ley que complementa la ley que establece un nuevo asiento para el Juzgado de Letras de Chaitén, a fin de que se pronuncie sobre constitucionalidad.Las normas objeto de control disponen, en síntesis, que ese tribunal tendrá provisionalmente su asiento en […]