La requirente explica que el Contralor, sobre la base de la disposición objetada le solicitó la renuncia no voluntaria a su cargo la que, según expresa, tiene como único fundamento el haber cumplido 61 años de edad. Agrega que siempre fue calificada en lista 1, circunstancia que desvirtúa, en su opinión, todo otro tipo de crítica a su desempeño profesional y funcionario.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Viera-Gallo, quien estuvo por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, por carecer de fundamento plausible, toda vez que formula una cuestión de mera legalidad propia de las atribuciones de los jueces del fondo.

El requirente -Aerolíneas Principal Chile S.A. (PAL)- sostiene que en el referido proceso y ante la consulta de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS) sobre la operación de fusión entre LAN Airlines S.A. (LAN) y TAM Linhas Aéreas S.A. (TAM), dicha Magistratura, junto con dar tramitación a la cuestión planteada, suspendió la operación de fusión consultada y dispuso oficiar a una serie de entidades, incluyendo las empresas aéreas que operen en el país, a objeto de que las mismas, así como otros entes que también tengan interés legítimo, aporten antecedentes.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en el fondo seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual se pretende dejar sin efecto una sentencia interlocutoria de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmando la de primera instancia, hizo lugar a una excepción de corrección del procedimiento y ordenó a los demandante recurrir al procedimiento de mediación contemplado en la Ley N°19.966.

En cuanto a la suspensión del procedimiento seguido ante la Corte Suprema dispuesta por la Magistratura Constitucional, la decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes.

En su resolución, el tribunal de alzada sostiene que de aplicarse la norma impugnada se podrían lesionar –entre otras garantías- el derecho a la vida, la que no puede desarrollarse adecuadamente al ser suprimido o interrumpido el suministro de agua potable.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en la forma y apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante los cuales se impugna la sentencia que condenó a Entel a reembolsar las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que mantenía en bienes nacionales de uso público.

La gestión pendiente invocada incide en un procedimiento de consulta seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) iniciado en Enero de 2011.

Las gestiones pendientes invocadas inciden en procesos sobre acumulación de infracciones a la Ley de Tránsito pendiente de resolución ante el Juzgado de Policía Local de Lo Barnechea y de Las Condes.

En su resolución, el tribunal de alzada sostiene que de aplicársele la norma impugnada se podrían lesionar –entre otras garantías- el derecho a la vida no pudiendo ésta prosperar o desarrollarse adecuadamente al ser suprimido o interrumpido el suministro de agua potable.