La gestión pendiente incide en un juicio sobre violencia intrafamiliar seguido ante el Juzgado de Familia de Talcahuano, en el cual se encuentra fijada la audiencia de juicio oral.
«…se dictó el Reglamento de Administración y Registro de los Bienes del Tribunal Constitucional, el Instructivo sobre Transparencia y Acceso a la Información, publicado en el Diario Oficial el 17 de abril de 2010, y diversos auto acordados sobre la regulación interna del Tribunal y sus gestiones…»
La segunda sala del TC no admitió a trámite el requerimiento, por cuanto del examen de la acción constitucional interpuesta se desprende que ella no satisface las exigencias previstas en el artículo 80 de la LOCTC.
La gestión pendiente invocada incide en un recurso de apelación seguido ante la Corte de Apelaciones Santiago, interpuesto en contra de la resolución de un Juzgado de Garantía de Santiago que revocó el beneficio de libertad vigilada de que gozaba la requirente, por haber cometido un delito mientras se encontraba vigente la medida alternativa.
La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en la forma y apelación de que conoce la Corte de Apelaciones de San Miguel, mediante los cuales se impugna una sentencia dictada por un Juzgado de Familia de esa comuna, que rechazó una demanda de declaración de bien familiar, por cuanto no se cumplió el requisito indispensable para tal declaración relativo a que las partes en litigio sean cónyuges al momento del juicio.
La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en el fondo seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual se pretende dejar sin efecto una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que rechazó una demanda de prescripción por estimar que el hecho de realizarse retenciones en la devolución ello significaba una interrupción de la prescripción.
«… la declaración de inaplicabilidad obliga al Tribunal a examinar si el precepto «que se ha impugnado a través de la acción deducida, podría resultar contrario a la Carta Fundamental en su aplicación al caso concreto examinado. Para realizar el referido juicio de constitucionalidad basta que el juez que conoce de la gestión pendiente tenga la posibilidad de aplicar dicho precepto en la decisión que ha de adoptar y, al hacerlo, pueda vulnerarse la Constitución (…)»
La gestión pendiente invocada incide en una causa sobre delito de otorgamiento de contrato simulado seguida ante un Juzgado de Garantía de Santiago, en que el requirente actúa en calidad de querellante por sí y como representante legal de una sociedad comercial.
La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en la forma y de apelación que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante los cuales se pretende anular o revocar, respectivamente, la sentencia dictada por un Juzgado de Familia que desestimó una demanda de repudiación y reclamación de filiación por la aplicación de los plazos contenidos en las normas impugnadas, a pesar de que el referido tribunal había llegado a la convicción de que los demandantes eran hijos de quien aparece como padre biológico.
De esta manera, lo único a que obliga el artículo 20 de la Carta Fundamental es a entregar necesariamente a las Cortes de Apelaciones el conocimiento de las acciones constitucionales de protección y de su texto no se deriva el derecho a una segunda instancia previa vista de la causa ante la Corte Suprema.
