El requirente alega la imposibilidad controvertir la falta de fundamentos de una sentencia, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
El precepto legal impugnado no garantiza un procedimiento racional y justo y no se condice con la garantía del debido proceso.
El requirente alegó que el precepto legal infringía el principio de confianza legitima, además de los derechos a la vivienda y a la integridad de los habitantes de la comuna.
Para el Tribunal Constitucional resulta fundamental distinguir entre tipos penales, ya que el investigado en la gestión pendiente es de aquellos que sólo puede ser cometido por un militar, en abuso de su cargo.
La ruptura del principio de inocencia, demostrando el proceder doloso de los imputados mediante los medios probatorios pertinentes corresponde al que sostiene la acción penal privada, esto es, al querellante.
Su aplicación no infringe las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso como reclamabas las requirentes.
El requerimiento de inaplicabilidad fue rechazado con empate de votos. El voto de la Presidenta no dirime el empate en estos casos.
Su aplicación resulta contraria al principio de proporcionalidad, al debido proceso y al derecho de propiedad.
La requirente estima que la norma impugnada vulnera el principio de legalidad y proporcionalidad.
El requirente alega que la aplicación de estas normas coarta el ejercicio de su acción penal en tanto víctima de un delito.
