La actora solicitó audiencia ante el Juzgado de Garantía para discutir el otorgamiento de “medidas cautelares»
El recurrido informó que no existe ni ha existido ningún camino público que dé acceso al predio de dominio del recurrente y que no hay servidumbre de tránsito establecida legalmente ni delimitada en forma alguna, por lo que es imposible que haya desarrollado acciones tendientes a impedir el ejercicio de los derechos del actor.
Una empresa dedujo un recurso de protección en contra del Centro de Mediación y Conciliación Individual de Valparaíso (órgano dependiente de la Dirección del Trabajo), ya que éste último le aplicó una multa por el despido de un trabajador. El recurrente aduce que el acto impugnado vulnera la garantía constitucional del artículo 19, N° 3, […]
Se dedujo un recurso de protección en contra del Ministerio de Educación luego de que pusiera fin a la contrata de una serie de funcionarios antes del 31 de diciembre de 2010. Reiterando decisiones anteriores, la Corte Suprema desestimó la acción constitucional de protección y revocó el fallo de primer grado. En la sentencia razona […]
Se dedujo un recurso de protección en contra de Mideplan luego de que pusiera fin a la contrata de una serie de funcionarios antes del 31 de diciembre de 2010. La Corte de Apelaciones de Santiago había acogido la acción constitucional al considerar que la autoridad administrativa vulneró el derecho de propiedad de los recurrentes, […]
Se solicitó declarar inaplicable el artículo 88 de la Ley Nº 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, específicamente, de la expresión “personalísimos” que se contiene en ella. La norma impugnada dispone que “Los derechos concedidos por la presente ley son personalísimos e irrenunciables”. La gestión pendiente invocada está constituida por […]
La situación se origina al momento de ingresar una paciente al Hospital Clínico de la Universidad de Chile a la que se le negó la calidad de atención de urgencia o de emergencia y se le exigió el pago en efectivo o un cheque por la suma de $3.000.000 para su hospitalización, junto con la […]
Legislación distingue entre la infracción de deberes u obligaciones funcionarias, frente a la cual el infractor puede ser objeto de una anotación de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias que deben acreditarse mediante investigación sumaria o sumario administrativo.
La caducidad de los permisos municipales de los recurrentes resulta arbitraria, “toda vez que el fundamento fáctico que le sirvió de apoyo no se ajusta a la realidad”, señala el fallo de primer grado.
“se encuentra amparada por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual orienta su mandato hacia la personalidad integral de éstos elevando al carácter de principios fundamentales, entre otros, el de la no discriminación”.
