No se advierte el motivo de la negativa para no otorgar la documentación y datos requeridos, más aún, cuando el recurrente fue parte en el proceso administrativo.
El Decreto Ley N° 3.500 establece que el dinero existente en las cuentas de capitalización individual tiene un destino único y exclusivo, limitado al otorgamiento de pensiones.
La institución recurrida señaló que aun en caso de flagrancia, los ocupantes no habrían podido ser detenidos, atendida la pena de multa asociada al delito de usurpación, por aplicación de los artículos 124 y 134 del Código Procesal Penal.
Debe recordarse que todo organismo y autoridad pública debe ceñir su actuar al principio de juridicidad, lo que comúnmente se resume en el antiguo adagio “en derecho público sólo puede hacerse lo que está expresamente permitido”.
Consta que efectivamente existe una investigación por los hechos imputados en las publicaciones ante la Fiscalía Local de Concepción, lugar natural en el cual ha de resolverse el conflicto entre las partes.
Recurrentes alegaron que el proceso sancionatorio seguido en su contra no respetó las garantías constitucionales del debido proceso y la prohibición de ser juzgados por comisiones especiales.
Para resolver el arbitrio se deben tener presentes las actuaciones anteriores del Servicio, en las que renovó el pasaporte sin esgrimir las razones que ahora adujo para negarlo, generando en el actor una expectativa de que le sería renovado el documento nuevamente. No puede actuar en contra de los actos propios.
La Corte estima que los argumentos esgrimidos por el actor en su libelo apuntan más a criticar el funcionamiento del sistema de pensiones chileno, que a analizar si existe una errada aplicación de la normativa en el caso concreto.
Los antecedentes aportados por el recurrente sí han sido considerados y utilizados de forma adecuada en la investigación, informa la PDI.
Se infringen las normas de tratamiento de datos personales y sensibles, al atribuir al recurrente ser un mal padre por la red social.
