La requirente estima vulnerada la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
Los recurrentes estimaron vulnerado el derecho de propiedad.
De esta manera la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de apelación deducido por el recurrido y confirmó la sentencia apelada.
El recurrente estimó infringidos su derecho a integridad psíquica, el derecho a la honra, derecho a la salud y el derecho al ejercicio de una actividad económica lícita.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Aránguiz.
La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Prado.
El recurrente estimó infringidos la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad.
La autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Muñoz, quien estuvo por revocar el fallo en alzada.
La decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, más allá de la referencia a «reposo injustificado».
