La demora se aparta del trato igualitario que debe otorgarse a los solicitantes, con el perjuicio natural que ello les origina al no contar con la solemnidad que les dé la certeza necesaria que, como extranjeros, deben tener sobre la residencia permanente en Chile.

En la Superintendencia de Educación se encuentra pendiente la resolución el procedimiento administrativo sancionatorio incoado a propósito de la denuncia realizada por la recurrente, por las irregularidades denunciadas.

Es el Tribunal de Disciplina de la ANFP la autoridad ante la cual se podrán hacer las alegaciones y peticiones pertinentes.

La recurrida reconoce que la resolución de multa no ha sido debidamente notificada, pero una vez que trascurrieron los plazos para reclamar (judicial o administrativamente) el sistema automáticamente cargó la multa al sistema de cobro de Tesorería General de la República, sin advertir aquella situación.

Lo anterior se desprende de lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el contenido del expediente administrativo de fiscalización acompañado.

La Octava Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido al rechazar la solicitud citando normas derogadas.

La interpretación errónea de las normas en juego por parte del Servicio provoca la masiva judicialización de este tipo de causas, según consta en los registros de ingreso de la Corte Suprema.

En cuanto al transporte del niño junto a su madre, al no existir certeza del tiempo en que estará disponible, solo se puede otorgar mientras el servicio se encuentre disponible.

No se vislumbra ilegalidad o arbitrariedad en el procedimiento disciplinario desplegado por el establecimiento, teniendo en vista la gravedad del hecho que motivó la medida.

No obstante, aún cuando la legislación actual es clara, existe una problemática que se ha mantenido y que se materializa en las dificultades que otros órganos públicos y/o privados colocan a los extranjeros durante la espera de pronunciamiento de la permanencia definitiva, cuestión que legitima pasivamente a dichas entidades para ser objeto de esta acción constitucional.