La determinación de la legalidad del actuar de Carabineros conteniendo las manifestaciones sociales, versa sobre hechos y peticiones que exceden de las materias que deben ser conocidas a través del recurso de protección.

La acción impetrada no reúne los requisitos necesarios para su admisibilidad, toda vez que, no resulta ser la vía idónea, al exceder las materias que deben ser conocidas por esa vía atendida su naturaleza cautelar.

El máximo Tribunal concluye que el proyecto del recurrente se ajusta al uso de suelo previsto en el instrumento regulador de la comuna.

El procedimiento del recurso protección no es el apropiado para realizar una valoración probatoria propia de un juicio de lato conocimiento, por lo que no puede arribar a una conclusión sobre la materia objeto de la acción.

Por la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron el recurso, éste se estimó extemporáneo.

La recurrente alega que la ejecución del proyecto inmobiliario, al estar inserto dentro de un ecosistema frágil, provoca una afectación en esa área protegida.

La discusión central incide en una materia de interpretación contractual que excede los márgenes de la acción constitucional.

Tal pretensión, por sus características, debe ser resuelta en sede de la nueva institucionalidad ambiental, tanto más si de los antecedentes no aparece suficientemente demostrado el quebrantamiento de un derecho que haya de restablecerse, mediante la acción de protección.

Los hechos referidos por los recurrentes eventualmente pueden constituir una vulneración a las garantías establecidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

El máximo Tribunal estableció que en la especie la parte recurrida incurrió en una omisión ilegal y arbitraria al entregar un certificado de defunción sin consignar la causa de muerte.