“la negativa fáctica del Servicio de Tesorerías a efectuar el pago requerido constituye una actuación que excede el ámbito de su competencia y por ende reviste el carácter de ilegal”

“en la especie no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, de tal manera que el recurso deducido no está en condiciones de prosperar y debe rechazarse”.

“la ilegalidad y arbitrariedad constada, en el motivo 12°, infringe el derecho de propiedad del recurrente, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al hacer efectivo el cobro de una boleta en forma ilegal y arbitraria, perjudicando el patrimonio del recurrente”.

“De los antecedentes proporcionados por la recurrente y el recurrido surge que el asunto fue estudiado razonablemente por este último, tratando de resguardar la malla curricular de la carrera ofrecida en el contrato, y las variaciones que sobre ella después se suscitaron, escapan a su intervención, siendo informadas a los alumnos que lo requirieron”.

“La primera objeción general que se puede formular a la acción constitucional que se ha interpuesto, es que resulta dudoso que pueda prosperar un recurso de protección que plantea una parte de un Directorio de una Asociación Gremial a favor de ellos y de los socios que representan, los que aparecen en un listado que se ha adjuntado a los documentos que fueron acompañados en su oportunidad, desde el momento en que los referidos socios de la Asociación Gremial no han señalado personalmente de qué manera y en qué forma les afecta el proceso de calificación que se ha descrito, el que además se encuentra en marcha y no se conocen los resultados de las orientaciones que se han objetado”

“en lo que corresponde a la Municipalidad se mencionan como posibles afectados a los más de 41.000 habitantes de la Comuna de Arauco, sin que se individualice a ninguno de tales supuestos afectados por los actos que motivan el recurso, circunstancia que resulta necesaria para los efectos de la presente acción cautelar»

en cuanto a la obligación de consulta, sostuvo que la recurrida ha explicado “la oportunidad en que dicha diligencia se llevará a cabo, en todo caso previo a la dictación de la resolución terminal que se pronuncia, esto es, la nueva Resolución de Calificación Ambiental”, por lo que tampoco concurre esta hipótesis.

“En lo concerniente a la garantía consagrada en el artículo 19 numeral 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, debe reiterarse que la medida de expulsión adoptada por la Asociación recurrida no se ajustó al procedimiento reglado en el artículo 9 de los Estatutos que rigen la Asociación Gremial de Pequeños Quinteros Agropecuarios de la Comuna de Taltal».

“La Jurisprudencia de nuestra Excma. Corte Suprema en materia de recurso de protección, recalcando que se trata de una doctrina reiterada de ese máximo Tribunal (considerando 1º), precisa que ni siquiera es necesario analizar las garantías constitucionales que se dicen conculcadas, cuando el acto perpetrado por los recurridos no pueda ser estimado de arbitrario e ilegal».

«Tampoco se la puede calificar de arbitraria, desde que no obedece al mero capricho de quien resuelve, sino que tiene su fundamentación en los hechos establecidos, en el marco de la investigación administrativa realizada, lo que en todo caso, está sujeto a lo que se pueda decidir respecto de los recursos pendientes en ese proceso administrativo”.