El proceder del recurrido se aparta de un comportamiento racional dentro de una sociedad en la que existe un estado de derecho que no lo faculta a ejercer una suerte de actos de autotutela emocional.
Tesorería no tomó en consideración ciertos aspectos especiales de la deudora; una persona de más de 80 años, pensionada y con enfermedades, por lo que debe recibir todos sus antecedentes y evaluar un convenio de pago.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar deducida, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.
El Tribunal de alzada desestimó la acción de protección tras establecer que las medidas adoptadas por el liceo municipal no son arbitrarias ni ilegales.
Frente a la ocurrencia del accidente que afectó al niño, consta que el establecimiento educacional realizó la investigación interna que finalizó con una serie de medidas tendientes a evitar la reiteración de los hechos.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal de Aguas del Valle y lo insuficiente de las medidas y compromisos de la Superintendencia para controlar la situación.
Las publicaciones reprochadas no tienen una finalidad informativa, sino que propenden a generar una afectación en la honra de la recurrente, llamando a “funarla”.
Junto con desconocer la filiación de la recurrente, así como su parentesco con la causante, desestima los derechos que la normativa vigente otorga a la solicitante, lo que se traduce en discriminación.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar por considerar arbitrario el actuar de las recurridas al denegar el pago de siete licencias médicas, ordenó dejar sin efecto la medida y proceder a su autorización y pago.
El Tribunal de alzada hizo lugar al recurso y autorizó, ante eventuales complicaciones, a la institución penitenciaria a conducir a los reclusos hasta el establecimiento de salud más cercano, en lo posible intercultural, con el objetivo de asegurar su derecho fundamental a la vida y a la integridad física.
