La Corte de Punta Arenas indicó que, la propuesta de regularizar la continuidad del tratamiento de desintoxicación y estabilización psíquica del adolescente, por medio de su hospitalización, escapó a la naturaleza cautelar y de emergencia de la acción constitucional.

La Corte de Santiago indicó que, la medida fue dictada por la autoridad facultada, dentro de la esfera de sus atribuciones, de manera fundamentada y en cumplimiento de una norma que autorizó que un funcionario sea llamado a retiro temporal mientras se instruyó el sumario administrativo respectivo.

La Corte de Santiago indicó que, el acto impugnado, es uno de mero trámite necesario para adoptar la decisión final, lo que aún no ha sucedido y, por lo mismo, sólo obedeció a las facultades propias de la institución recurrida.

La Corte de Santiago indicó que, en la presentación efectuada en autos, no apareció que se hayan mencionado hechos que eventualmente puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

La Corte de Rancagua indicó que, la actuación del recurrido alteró el status quo que regía en el sector, cometiendo un acto de auto tutela que vulneró el artículo 76 de la Constitución Política de la República.

El Tribunal de Alzada señaló que, el petitorio es propio de una acción ordinaria civil.

El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 3, 4, y 24.

Recurrente estimó vulneradas la igualdad ante la Ley y su derecho a la honra.

Corte de Antofagasta señaló que actuación del magistrado se ajustó a las facultades que le confiere la Ley del Tránsito.

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y en su lugar declaró admisible el recurso de protección, debiendo dársele la tramitación correspondiente.