La instalación de un portón que impide el tránsito en la vía pública, cuyo fin es evitar la proliferación de un basural, constituye un acto de autotutela que resulta contrario a derecho, desde que transgrede la garantía contemplada en el artículo 19 N°3, inciso quinto, de la Constitución.

La medida de expulsión había sido tomada por la asamblea, luego de acusaciones de malas relaciones vecinales y de ceder el goce de la vivienda social a un tercero. Sin embargo, el procedimiento no se ciñó a lo establecido en el propio estatuto del Comité de Vivienda.

La recurrida ha actuado como jueza partidora en un proceso al que ha comparecido la actora y en el cual ha ejercido plenamente sus derechos. El recurso necesariamente debe ser desechado por no ser la vía idónea para reiterar debates y se dirige además en contra de una resolución judicial.

El Tribunal de alzad estableció el actuar arbitrario de la parte recurrida al negar el tratamiento recomendado por médico tratante.

El conflicto propuesto es de índole contractual por lo que debe ser resuelto en un procedimiento de lato conocimiento y no mediante la vía cautelar de urgencia que representa el recurso de protección.

Razones de orden económico no deben invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y la integridad física o psíquica de una persona.

Los cables no son parte del entorno natural y constituyen un tipo de contaminación, y al colgar hacia la acera o la calle representan un peligro para la integridad física de los transeúntes.

La normativa sectorial permite tanto a la SUSESO como a la COMPIN la recopilación de nuevos antecedentes que den cuenta de la condición de salud del afiliado, para así dar una respuesta fundada a la solicitud de autorización de licencias médicas y pago del subsidio de incapacidad.

No es exigible a los padres el pleno conocimiento del sistema, pero sí al establecimiento el que debe informar veraz y adecuadamente a los padres sobre el proceso y sus efectos. El SAE preserva en primer lugar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, antes que los intereses de los establecimientos educacionales.

El máximo Tribunal dictó una serie de medidas destinadas a comunicar a las isapres, la Superintendencia de Salud y las Cortes de Apelaciones del país las decisiones para resolver casos similares.