“no habiendo existido ilegalidad ni arbitrariedad en las actuaciones del Intendente recurrido que deban y puedan ser subsanadas mediante las facultades que el conocimiento de esta acción otorga a esta Corte, la acción deducida no podrá prosperar, toda vez que ésta garantiza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República cuando éstos sean vulnerados –privados, perturbados o amenazados- mediante actuaciones positivas o abstenciones que sean ilegales o arbitrarias”.

“la recurrida ha sido objeto de sumarios sanitarios durante año 2009 y 2010, y que fue sancionada recientemente, por cuanto su actividad produce una alta contaminación acústica, que supera el límite establecido por la norma”

“Resulta ilegal ya que conculca la garantía del artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República al obligar a los recurrentes a entregar antecedentes privados fuera de los casos contemplados por la ley”.

“Se tornó en ilegal y perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3, inciso 4º, de la Constitución Política de la República, pues de la manera en que el fiscalizador obró, tal actividad de la recurrida importa arrogarse facultades propias y excluyentes de los tribunales competentes en dicha materia, esto es, de los juzgados del trabajo, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, lo que no ha sido el caso, en que la Inspección del Trabajo asumió, en la práctica, la función que corresponde a los tribunales”.

“No se contó con un informe técnico que otorgue fundamentos a la decisión impugnada, y que contenga datos ciertos acerca del grado de congestión, específicamente en los centros de reclusión de la región, para en definitiva explicar por qué el traslado de un sentenciado de Rancagua en concreto y por qué mandarlo a Puerto Montt y no a una ciudad más cercana”.

“En cuanto a que los hechos denunciados necesariamente deben ser conocidos por un Juzgado de Familia pues podrían constituir violencia intrafamiliar, estos sentenciadores la desestimarán teniendo para ello presente el tenor del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el cual señala que la interposición de la acción constitucional de protección es sin perjuicio de lo demás derechos que se puedan hacer valer ante los tribunales correspondientes”.

“Han sido reiterativas en el tiempo y de carácter permanente, por lo que tampoco puede estimarse extemporáneo el recurso planteado y, en relación a lo expuesto por la recurrida que la materia alegada es de aquéllas que requieren un procedimiento de lato conocimiento, ello debe ser también desestimado por la expuesto y concluido precedentemente, sin perjuicio de otra acción o derecho que a las partes corresponda”.

“Si bien a los recurrentes no les asiste el derecho de dominio sobre el inmueble mismo, no acontece lo mismo respecto de los enseres y ropas que existen en dicho hogar pues se ha pretendido privar a los recurrentes del goce de tales pertenencias, que es uno de los atributos de tal derecho”

“La decisión del Banco Estado de bloquear las cuentas a lo menos hasta la fecha del informe de fojas 22 perjudicó al recurrente, desde que se le impidió disponer de su dinero, lo que se traduce en la infracción a la garantía prevista en el numeral 24 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que la acción intentada habrá de ser acogida”.

“existe un camino vecinal que está proyectado inclusive en el plano confeccionado por el Ministerio de Bienes Nacionales en el año 1982, que sirvió de base y sustento de la compra de su inmueble” y que se constató “la existencia de un camino en buen estado que llega hasta el inmueble de la recurrente y una puerta de alambres con estacas, cerrada con candado”