La Municipalidad está obligada a realizar acciones positivas que faciliten el acceso de la recurrente a ser evaluada en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, pero no le permitió que tuviera materialmente acceso a un intérprete de señas.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del cementerio, al desconocer la prelación del recurrente, quien celebró con el fallecido un acuerdo de unión civil.
La acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia.
Sin perjuicio de verificar, una vez iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para acceder a dicha declaración, incluyendo el de que el solicitante se haya presentado previamente ante la PDI, acatando la legislación nacional. Además, deberá dictar las resoluciones de carácter general para adecuar la actuación de sus empleados a la correcta aplicación de los preceptos involucrados.
La omisión de la Subsecretaría y la tardanza de Gendarmería no pueden repercutir negativamente en el funcionario quien esperaba que la gestión ordenada por artículo 87, letra d), del Estatuto Administrativo estuviese cumplida (además de encontrarse de buena fe, lo protege la confianza legítima).
El máximo Tribunal de manera excepcional y considerando la gravedad de una eventual afectación de la seguridad de los testigos confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que estableció actuar arbitrario del Juzgado de Garantía de la ciudad que había ordenado la entrega de la identidad de los testigos a la defensa del imputado.
Es la propia institución quien debe instar a tener una pronta respuesta respecto del estado de su funcionario, sin poner de cargo de éste, el término de la investigación sumaria y el pronunciamiento de la Comisión de Sanidad del Ejercito.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de los dueños de terrenos gravados por servidumbre de tránsito, al impedir el acceso a la recurrente.
La decisión es arbitraria por ausencia de motivación suficiente, al no explicarse la razón que llevó a la Universidad a aplicar al estudiante la máxima sanción posible, existiendo un catálogo de otras sanciones aplicables que resultaban más acorde a los hechos imputados.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la entidad bancaria al negar la restitución solicitada por la empresa Distribuidora de Materiales de Construcción S.A.C.
