Para que el recurso intentado sea procedente, resulta indispensable que se demuestre que la parte recurrida efectivamente incurrió en un acto ilegal o arbitrario.

Los Tribunales de Justicia no pueden inmiscuirse en políticas públicas en estos casos. Respecto a la solicitud de reembolso del recurrente excede los contornos del recurso de protección.

Se enmarca en la fiscalización que realiza Fonasa dentro de sus competencias como administrador de un fondo público, y para verificar el correcto uso de los beneficios de salud que entrega a sus usuarios.

Resulta lógico dar prioridad a aquellas medidas de carácter formativo, por sobre las más gravosas, y ello en virtud del principio de proporcionalidad.

Uno de los requisitos de la patente comercial era que el giro de ferretería se explotara en la vivienda del titular, por lo que, al habilitar una entrada por el predio colindante desocupado se incumple tal exigencia, y faculta a la autoridad a decretar el cierre.

El Tribunal de alzada rechazó la acción  constitucional por considerar que las declaraciones de la autoridad sanitaria se suscriben al marco regulatorio que rige al ministerio y con las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia.

El funcionario desvinculado alegó que el acto administrativo que puso término a su contrata no estaba fundado, puesto que sólo citaba normas y jurisprudencia, sin exponer las razones de su cese de funciones.

La circunstancia de encontrarse el funcionario haciendo uso de licencia médica por enfermedad profesional, obsta al libre ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad para pedir la renuncia de aquellos funcionarios de exclusiva confianza.

Las resoluciones dictadas por un órgano judicial competente no importan vulneración a los derechos constitucionales que ampara el recurso de protección, pues se encuentran sometidas ya al imperio del derecho.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco al mantener la supuesta deuda en el boletín comercial.