Las razones de orden administrativo o económico para justificar el rechazo de la inoculación de niños y niñas de dicho grupo etario, resultan insuficientes y deben, necesariamente, ceder ante la necesidad de resguardar el interés superior y la garantía constitucional a la vida e integridad física.

Municipalidad infringió el deber de motivación suficiente, objetiva y comprobable para satisfacer el estándar de fundamentación requerido en los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880.

No existe un derecho indubitado en favor del recurrente, quien estuvo en conocimiento de cada uno de los rechazos o reducción de sus licencias médicas, sin objetar estar resoluciones de lo que se desprende su conformidad con lo resuelto.

La imputación de hechos reprochables, a nivel social y penal, implica no solo un acto de autotutela, sino también una vulneración al derecho y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

Los establecimientos educacionales tienen el deber de mantener y velar por la sana convivencia escolar, pero ello no puede sostenerse en base al sacrificio de los derechos de un miembro de la comunidad del que se tiene conocimiento de sus especiales requerimientos.

Se ha pretendido acreditar la cuestión mediante un documento que adolece de defectos que le restan valor, como el hecho de no poder ser contrastado y de contener expresiones como “D.N.I.” que no son propias de nuestro lenguaje.

Los recurrentes, que son personas sordas, no pudieron conocer la evolución médica de su hijo hospitalizado debido a que el recinto de salud no contaba con intérprete, lo que transgrede lo dispuesto por los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución y las leyes.

Al encontrarse en debate judicial el dominio de tales terrenos, no existe un derecho indubitado que pueda ampararse mediante la acción de protección.

Las imputaciones de amenazas deben ser resueltas imparcialmente por los tribunales ordinarios, a través de las acciones correspondientes, con pleno respeto y garantía de los derechos de las partes.

La decisión adoptada constituye un acto arbitrario e ilegal, desprovisto de fundamentación adecuada, infringiendo el artículo 19 N° 24 de la Constitución.